El concejal Jair Dib confirmó que el proyecto ya tiene dictamen de comisión y será tratado en la próxima sesión. La ordenanza obligará a la empresa prestataria a instalar dispositivos que eviten el cobro de aire en las facturas, sin costo para los usuarios.
El Concejo Deliberante emitió dictamen para el proyecto que exige a la empresa prestataria garantizar la «medición exacta» del consumo. La normativa establece que la instalación será obligatoria y gratuita para el usuario, e incluye sanciones por cortes reiterados del servicio.
En una decisión que marca un precedente en la defensa de los derechos de los usuarios posadeños, las comisiones de Obras Públicas y de Ambiente del Concejo Deliberante firmaron el dictamen unificado para regular el servicio de agua potable en la capital. La iniciativa, que integra proyectos de los concejales Jair Dib y Héctor Cardozo, busca terminar con las distorsiones en las facturas provocadas por la presencia de aire en las cañerías.
El documento técnico establece la obligatoriedad para la empresa concesionaria (SAMSA) de instalar bloqueadores de aire originales (tipo «Air Lock») en todas las conexiones domiciliarias del ejido urbano. Según explicó el concejal Dib, la empresa será la encargada de absorber la totalidad de los costos de insumos e instalación, prohibiéndose taxativamente cualquier traslado de gastos al bolsillo del vecino.
Medición fiel y presunción legal
Uno de los puntos más innovadores del dictamen es el artículo 4, que obliga a la prestataria a garantizar la exactitud en la medición del consumo. Para proteger al ciudadano, se establece una presunción legal iuris tantum: si un usuario registra variaciones de consumo que excedan sus parámetros históricos habituales sin causa justificada, se considerará legalmente que existe presencia de aire en el sistema, habilitando el reclamo y la revisión técnica.
“La empresa reconoció en comisión que hay aire en las cañerías producto de la física; ante esa realidad, esta es la herramienta que el vecino tendrá al alcance para que el servicio sea eficiente y justo”, detalló Dib.
Sanciones por cortes y fondo para asfalto
La futura ordenanza también pone la lupa sobre la continuidad del suministro. Las empresas serán pasibles de sanciones ante interrupciones prolongadas o reiteradas. De lo recaudado por estas multas, se creará un fondo especial destinado a:
Ampliación de la red de agua potable en sectores vulnerables.
Reparación de baches: El municipio podrá usar estos fondos para arreglar los daños en el asfalto generados por las intervenciones de la empresa, evitando que ese costo lo paguen todos los vecinos con sus impuestos.
Plazos de ejecución
Una vez sancionada la norma en el recinto y promulgada por el Ejecutivo, la prestataria dispondrá de un plazo de 60 días para presentar un plan de contingencia integral. Este plan deberá detallar el cronograma de instalación de las válvulas y los protocolos de acción ante cortes de energía o fallas masivas en el suministro. Cabe destacar que quedan exceptuadas de esta normativa las cooperativas de agua que operan en la ciudad.
