“Hay un ensañamiento de Nación con el área de discapacidad”: advierten que la reforma enviada al Congreso perjudicará las prestaciones y pensiones

El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto denominado “Contra el fraude de pensiones por invalidez” para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad. Al respecto, opinó Tatiana Antúnez, presidente del Coprodis, quien calificó esta medida como “peligrosa” debido a las implicancias sobre el sistema de prestaciones, las pensiones y el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad. Informó que convocaron a movilizarse en contra en todo el país.

Entrevista Santa María de las Misiones

Antúnez se refirió a la creciente preocupación por los cambios que se discuten a nivel nacional en torno a las personas con discapacidad. Uno de los puntos más críticos que planteó la titular del Consejo Provincial de Discapacidad (Coprodis) es la eliminación del nomenclador único, un sistema que establece el costo y los pagos a los prestadores de servicios en materia de discapacidad.

“Es bastante arriesgada la decisión que toma el gobierno nacional porque va a afectar a todo el sistema de prestaciones en materia de discapacidad y va a afectar a todos los que tienen obras sociales, prepagas, los que acceden a las prestaciones a través del mismo sistema”, afirmó.

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Para la presidente del Consejo, esta modificación desordena el sistema y genera una mayor desigualdad entre los prestadores. “Afecta a la calidad de los servicios al cual van a acceder las personas con discapacidad, van a empezar a ver estos recortes o decisiones que toman las obras sociales respecto a las coberturas de ciertas prestaciones”, explicó.

“Hoy hablamos de un sistema en donde más o menos las cosas funcionan, en donde los profesionales pueden cobrar un aumento razonable y esta ley propone que los prestadores empiecen a negociar con las obras sociales, lo que va a generar una mayor desigualdad y a partir de esto, obviamente, se fomente de alguna manera la precariedad laboral”, agregó.

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La licenciada en Trabajo Social subrayó que la medida alterará el marco de igualdad actual, donde las obras sociales deben pagar lo mismo por ciertas prestaciones. “A partir de esta modificación de la ley empieza a cambiar eso y va a depender de la negociación de cada prestador con la obra social o la prepaga, y obviamente se va a notar más la desigualdad entre obras sociales, vas a tener algunas de primera y otras de segunda. El que pueda pagar más va a acceder a mejores condiciones”.

Riesgo de “suspensión preventiva” de pensiones

Otro aspecto central de la propuesta gubernamental consiste en una modificación en el acceso a las pensiones no contributivas, que obliga a las personas a reempadronarse en el sistema. Antúnez destacó que, si bien el trámite no es complejo, la información no llega a tiempo en muchas localidades, especialmente en zonas rurales.

“Esta nueva ley de modificación habilita al gobierno nacional a realizar una suspensión preventiva sobre la pensión no contributiva, tal como sucedía con las auditorías anteriormente que resultó ser ilegal, que fue uno de los mayores reclamos que presentábamos las provincias, es decir, que podían dar de baja una pensión por el simple hecho de que no le llega la carta documento, o sea, la persona ni siquiera se enteró y se le está suspendiendo”, explicó.

“Con esta modificación de la ley, lo que quieren incorporar es el concepto de suspensión preventiva; entonces al que no está reempadronado, que no acceda al cruzamiento de datos el gobierno está habilitado de alguna manera a suspenderle la pensión no contributiva”, agregó.

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En tercer lugar, advirtió que la desorganización y desregulación del sistema podría generar mucho perjuicio en el sector. Las personas con discapacidad requieren ayudas técnicas y terapias específicas y la propuesta del Gobierno libra todo al mercado de oferta y demanda.

“Las personas con discapacidad no es que pueden usar un pañal, por ejemplo, de cualquier calidad o una silla de ruedas que no sea la específica que necesita o una ayuda técnica, siempre tiene que estar adecuada a la necesidad de cada persona”, sentenció.

Derecho al trabajo

En cuarto lugar, la nueva legislación también impacta en la compatibilidad entre ingresos laborales y las pensiones. Antúnez recordó que la anterior Ley de Emergencia había creado una pensión por discapacidad que permitía compatibilizar ingresos con el beneficio, respaldando a quienes mantenían un trabajo.

“Ahora esta propuesta lo que hace es volver a pensar exclusivamente en aquel que directamente no puede desempeñar ninguna función laboral”, lamentó la presidente del Consejo. En este sentido, aclaró que “la pensión por discapacidad no es una invalidez laboral”, ya que la discapacidad no siempre implica la imposibilidad de trabajar.

“Es muy importante tener eso en cuenta cuando se habla de discapacidad, que la persona no está limitada a trabajar, pero sí necesita este respaldo del Estado de alguna manera, en el caso de que en algún momento, por cuestiones del mercado laboral, se quede sin esa opción y tenga su respaldo económico”, remarcó.

Ante este panorama, Antúnez informó que las personas con discapacidad, prestadores e instituciones de todo el país convocaron a movilizaciones en los próximos días para reclamar contra la modificación de esta ley.

“Hay un ensañamiento del gobierno nacional con el área de discapacidad, la verdad, muy fuerte, que directamente no se entiende, porque el sistema de discapacidad tiene un presupuesto específico, pero hoy ni siquiera sabemos dónde está la plata. Desconocemos realmente qué está sucediendo a nivel nacional, por qué toman este tipo de decisiones, sobre todo con un sector tan vulnerable en la sociedad”, cerró.