Mientras el Gobierno nacional avanza en la reforma de pensiones, denunciaron penalmente a Milei por el ajuste en discapacidad 

Familiares de personas con discapacidad denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona, en el marco de los recortes en prestaciones de salud y pensiones. La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones; al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches; y al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

La causa fue radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y es impulsada por el abogado Javier Garín, en representación de familias afectadas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud. Según la denuncia, el Gobierno llevó adelante un ajuste sistemático en los beneficios desde diciembre de 2023, eludiendo fallos judiciales y promoviendo un discurso de desprecio hacia las personas con discapacidad.

El escrito señala que los recortes tuvieron especial impacto en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afectando pensiones por invalidez, prestaciones de servicios y programas de salud vinculados a medicamentos.

Los fundamentos de la denuncia

En el documento, los denunciantes sostienen que las políticas del Gobierno están “inspirado en una ideología de tipo supremacista” basada en “una presunta ‘superioridad estética’ de cierta tipología social” y que el Presidente actuó desde el inicio de su mandato en “descalificar y desatender” a las personas con discapacidad con “especial saña”.

Asimismo, afirman: “Por fuera de lo discursivo, el desprecio del Presidente a las personas con discapacidad se tradujo en políticas: una escalada de fuertes ajustes presupuestarios, suspensión o cancelación de beneficios y pensiones, hechos de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el anuncio posterior de su cierre, el veto a leyes de emergencia en discapacidad y sistemáticos incumplimientos ante las órdenes judiciales que le imponían cumplir con la legislación vigente”.

Según el texto, estos recortes generaron “deudas con prestadores y dificultades en el funcionamiento de múltiples programas”, situación advertida “en forma reiterada por el Foro Permanente de Discapacidad y por diversas organizaciones que denunciaron sin éxito la falta de políticas inclusivas y la crisis en el sector”.

La denuncia también cuestiona el rol del exvocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había denunciado supuestas irregularidades en la entrega de pensiones mostrando una radiografía de un perro. Sin embargo, el extitular de ANDIS, Fernando Galarraga, aseguró que la estafa fue detectada y que el beneficio nunca se otorgó. “Esto no era más que una nueva manipulación de los datos para llevar adelante el doloso propósito de denegar y recortar beneficios al sector”, sostuvo Garín.

Normativas cuestionadas y lenguaje discriminatorio

En paralelo a la auditoría y suspensión de prestaciones, el Gobierno avanzó con el decreto 843/24 y la resolución 187 de enero de 2025, que estableció nuevas condiciones para acreditar la invalidez laboral. Las organizaciones denunciaron que la normativa incluía términos estigmatizantes como “retraso mental”, “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advirtieron que el nuevo esquema “implica un retorno al modelo médico, viola los derechos a la protección social y a la vida independiente reconocidos en la CDPD, desconoce las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas en sede judicial y atenta contra las múltiples intimaciones que la Organización de las Naciones Unidas hizo a Argentina para que modificara la regulación en la materia”.

Audios, sospechas de corrupción y reestructuración

La denuncia también incorpora la viralización de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se menciona “una cadena de recaudación que incluía a Karina Milei y Eduardo ‘Lule’ Menem en articulación con la droguería Suizo Argentina, y que terminaba en la propia Presidencia».

En ese contexto, el Congreso sancionó la ley de Emergencia en Discapacidad, que luego fue vetada por Milei. “Ambas Cámaras del Congreso rechazaron el veto, pero no concluyeron allí los padecimientos del sector, pues la reglamentación de la norma atravesó múltiples dificultades, demoras y maniobras para no cumplir”, sostuvo el abogado.

La denuncia también menciona el decreto 681/2025, que dispuso “arbitraria e ilegalmente la suspensión de la Ley 27.793, argumentando falta de financiamiento”. La cuestión derivó en un amparo colectivo que fue aceptado por la Justicia, ordenando la aplicación de la norma, aunque —según se detalla— aún hay artículos sin reglamentar.

En 2026, tras la salida de Spagnuolo, el Gobierno oficializó el cierre de la ANDIS y su reconversión en Secretaría de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud. “Cabe señalar que la ANDIS disponía de un presupuesto para ejecutar de $30 mil millones que, al disolverse la misma, se han pasado al Tesoro. Con lo cual, sólo llegarían a los beneficiarios a través de acuerdos de gobiernos provinciales afines, aumentando así la discrecionalidad política y ocasionando perjuicio a las PCD”, denunció Garín.

Impacto en salud y cobertura

La presentación advierte un “agravamiento generalizado” por falta de atención médica, vinculado a la baja de pensiones y su impacto en el plan Incluir Salud. “Incluso en aquellos casos en que se restablecieron las pensiones, los afectados se quedaron sin cobertura o con imposibilidad de continuar tratamientos durante un extenso período”, señalaron.

También denuncian demoras en pagos, migración forzada al sistema público, saturación de servicios y ruptura de la cadena de pagos. El ajuste alcanza programas como el Plan Remediar, Cardiopatías Congénitas y Oncopediatría, además de afectar a beneficiarios del PAMI.

El abogado sostuvo que las acciones “constituyen claramente a juicio de los denunciantes los delitos de abuso de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

Además, afirmó: “Entienden asimismo que, siendo el Estado y sus funcionarios garantes legales del cuidado de la salud, la integridad física y la salud de las personas con discapacidad, la implementación dolosa y deliberada de estas políticas puso en y pone en peligro cierto a dichas personas al privarlas de medicamentos, tratamientos, atención y recursos, o al retacear o demorar los mismos mediante las maniobras descriptas”.

En ese contexto, algunos integrantes del colectivo calificaron la situación como “un ‘genocidio por goteo’”, al considerar que se puso en riesgo la salud y la vida de los beneficiarios “deliberada y dolosamente”.

Reforma de pensiones y rechazo del sector

En paralelo, el Gobierno envió al Congreso el proyecto “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone modificar el sistema. La iniciativa establece la obligatoriedad de reempadronamiento y la acreditación de condición médica, situación económica y antecedentes laborales, bajo amenaza de suspensión automática del beneficio.

Además, fija que la pensión equivaldrá al “setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y establece incompatibilidades con el empleo formal.

Desde el Foro Permanente de Discapacidad, su coordinador Pablo Molero cuestionó la iniciativa: “Es muy grave lo que está pasando. Hablar de fraude en las prestaciones y las pensiones me parece que es, una vez más, una toma de posición del Gobierno. Quieren generar otra vez un cuestionamiento en la población a quienes reciben la pensión”.

También agregó: “¿Dónde está el fraude? Dicen que en las auditorías detectaron una gran cantidad de estafas. Hablan de 80 mil personas, pero nunca presentaron un informe con nombres ni errores”.

Según Molero, las irregularidades no superarían el 7% del total: “Dicen que es una gran cantidad, cuando es el 7% y muchos no se presentaron para validar su información porque nunca les llegó la carta”.

En cuanto al impacto del proyecto, advirtió: “Esto va a empujar a que los prestadores atiendan al que mejor le pague”. Y cuestionó: “Si este proyecto se aprueba, se va a agravar la situación para los pensionados”.

Finalmente, alertó sobre la incompatibilidad entre pensión y empleo: “Tener una discapacidad en un contexto de pobreza es muy complejo. Ante esta situación en que no hay trabajo, van a generar que la persona elija la pensión y no trabaje. Nosotros queremos que la gente trabaje”.

El Foro anunció una movilización para el miércoles 22 de abril a las 11 frente al Ministerio de Salud, en rechazo al proyecto y para reclamar por atrasos arancelarios, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo.