La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad se profundiza en Misiones y replica una situación que, según referentes del sector, se extiende a todo el país. Gustavo Calderón, director del CENEMI, advirtió que las instituciones que brindan servicios a través del programa Incluir Salud atraviesan “un panorama no solo crítico, sino muy triste” debido a la falta de financiamiento nacional.
“El problema es generalizado. Las instituciones categorizadas que prestan servicio están sufriendo un gran inconveniente con los pagos”, explicó Calderón. Pese a que se declaró la emergencia en discapacidad, denunció que la normativa “no se está aplicando en ninguna de sus partes”.
Según detalló, los prestadores registran deudas que, en promedio, se remontan a octubre y noviembre del año pasado, con valores además desactualizados. Esta situación impacta directamente en la continuidad de las prestaciones: “No solamente hace que no se puedan brindar los servicios, sino que también los profesionales no puedan cobrar”, afirmó.
Frente a este escenario, las instituciones nucleadas en la cámara misionera del sector iniciaron esta semana un paro general de actividades. La medida incluye la reducción de servicios, especialmente aquellos que implican costos adicionales como transporte y alimentación.
La situación genera consecuencias directas en los usuarios, ya que según explicaron, las personas no están pudiendo recibir sus prestaciones. Además alertó sobre la interrupción de servicios esenciales, como el traslado de pacientes. “Hay prestadores a los que les deben hasta dos años. No tienen ni para cargar combustible”.
Calderón explicó que el programa Incluir Salud está destinado a personas sin obra social y garantiza cobertura integral según diagnóstico y edad, incluyendo tratamientos, medicación, acompañamiento terapéutico y apoyo educativo.
En Misiones, CENEMI atiende a más de 600 jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y trastornos psiquiátricos estabilizados. Calderón advirtió que el sistema en su conjunto está en riesgo: “Si las instituciones desaparecen, ¿quién va a brindar estos servicios?”.
Asimismo, recordó que el financiamiento del sistema proviene de un fondo específico integrado por aportes e impuestos, lo que, según el director, vuelve más difícil de comprender la falta de pagos. “La recaudación continuó con normalidad. Queremos saber qué pasó con ese dinero”, planteó.
En paralelo, representantes del nordeste argentino (NEA) mantienen reuniones con autoridades nacionales, entre ellas el titular del Servicio Nacional de Rehabilitación, en busca de respuestas. Mientras tanto, el sector permanece en estado de alerta y a la espera de definiciones.
Calderón también llamó a la empatía social: “La discapacidad puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hay que entender que estamos hablando de salud. Hay personas que, si no reciben su tratamiento, pueden morir”.
Ley de Emergencia en Discapacidad: ¿Derechos garantizados o promesas pendientes? https://t.co/MV3yZfhiJh
— misionesonline.net (@misionesonline) March 16, 2026
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