Amenazas de “tiroteo escolar” en Misiones: qué delitos podrían configurarse y qué responsabilidad tienen los implicados

Pintadas amenazantes sobre un presunto tiroteo en varios colegios misioneros activaron protocolos de seguridad y una posible investigación judicial. El abogado penalista, Adrián Benitez, explicó cómo se encuadran estos hechos según la edad y la gravedad.

Fuentes judiciales y del Ministerio de Educación de la Provincia confirmaron la aparición de mensajes amenazantes sobre posibles «tiroteos» en escuelas de Posadas, Garupá, Garuhapé, San Ignacio, Eldorado, San Pedro, 25 de Mayo y Puerto Iguazú. Se activaron protocolos para garantizar la seguridad de los estudiantes. Las acciones de contención y prevención se desarrollan por tanto por la vía escolar como por la vía judicial.

En este contexto, el abogado penalista Adrián Benítez (MP-1824) analizó las implicancias legales que pueden derivarse de este tipo de amenazas, que no solo generan alarma social sino que pueden encuadrarse dentro de distintos delitos.

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“Depende del delito que se cometa, pero por ejemplo, amenazas con uso de arma es lo más común en estos casos”, explicó. Aunque no exista un arma en el lugar, la sola advertencia de un ataque puede ser suficiente para configurar una figura penal, especialmente cuando se trata de intimidaciones dirigidas a un grupo o institución.

El letrado detalló que, en función de la evolución del hecho, las consecuencias pueden escalar. “Si causaron una lesión, hay que ver si es leve o grave; si hubo una herida de muerte y fallecimiento, estamos hablando de homicidio”, señaló, marcando que el análisis jurídico siempre se apoya en el resultado concreto de la conducta.

Qué pasa si los responsables son mayores

Uno de los puntos centrales es la edad de los autores. En caso de que quienes realizaron las amenazas sean mayores de 16 años, la situación cambia sustancialmente. “Ya tiene la pena común de un adulto”, sostuvo Benítez.

Esto implica que pueden ser imputados formalmente y enfrentar un proceso penal, con penas que varían según el delito. En casos como estos, podrían investigarse figuras como amenazas agravadas, especialmente si generaron temor concreto o alteraron el normal funcionamiento de la institución.

Además, el abogado remarcó que, ante este tipo de hechos, la intervención judicial es obligatoria. “Si estamos frente a un delito grave, el fiscal está obligado a pedir una investigación”, afirmó, lo que incluye la recolección de pruebas, análisis de imágenes y pericias para identificar a los autores.

Además, según añadió el letrado, el Código Penal Argentino, el artículo 149 bis contempla el delito de amenazas, que puede ser simple —con penas de 6 meses a 2 años de prisión— o agravado cuando genera un temor grave o se realiza mediante el uso de armas o en forma anónima, lo que eleva la sanción a entre 1 y 3 años. Este encuadre resulta relevante ante la naturaleza de los mensajes intimidatorios detectados en las escuelas, que generaron preocupación en la comunidad educativa y la activación de protocolos preventivos.

A su vez, el artículo 211 del Código Penal tipifica el delito de intimidación pública, considerado de mayor gravedad, con penas que van de 2 a 6 años de prisión para quienes busquen infundir temor colectivo o provocar desórdenes mediante amenazas o señales de alarma. En este contexto, también podría configurarse el delito de daño a la propiedad por las pintadas realizadas en los edificios escolares. Las autoridades no descartan que los responsables —en muchos casos menores de edad— puedan quedar comprendidos en una o más de estas figuras, en función del alcance del hecho y del impacto generado en la población.

Menores inimputables, pero bajo investigación

En cambio, si los responsables tienen entre 14 y 15 años, actualmente son inimputables. “Hoy, si un menor de esa edad comete un delito de este tipo, es inimputable”, explicó.

Esto no significa que no haya intervención del Estado, sino que no pueden recibir una condena penal en los términos tradicionales. Sin embargo, sí se activan mecanismos de contención y análisis del caso, especialmente cuando hay riesgos para otros estudiantes.

La responsabilidad no termina en el autor

Benítez también advirtió que este tipo de situaciones abre un abanico más amplio de responsabilidades. “¿Cómo obtuvo el arma el menor? ¿Qué responsabilidad tienen los padres? ¿Quién se la facilitó?”, planteó, incluso en escenarios hipotéticos donde la amenaza pudiera materializarse.

En esa línea, también incluyó a las instituciones educativas dentro del análisis. “Hay que ver qué hizo el colegio en relación a advertir esta situación, teniendo en cuenta que cuentan con gabinetes psicopedagógicos”, explicó.

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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024