Baja la edad de imputabilidad: desde septiembre regirá el nuevo sistema penal juvenil en Misiones

La normativa comenzará a regir el 5 de septiembre y obliga a adecuar el sistema judicial provincial al nuevo esquema nacional.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Juan Manuel Díaz, confirmó que el próximo 5 de septiembre entrará en vigencia en la provincia el nuevo régimen penal juvenil establecido por la Ley 27.801, promulgada en marzo de este año.

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La norma, que reemplaza al sistema vigente desde 1980, fija un marco específico para adolescentes de entre 14 y 18 años en conflicto con la ley penal y modifica uno de los puntos centrales: la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. De esta manera, los menores a partir de esa edad podrán ser investigados y juzgados por delitos previstos en el Código Penal y leyes complementarias, mientras que quienes no hayan cumplido 14 continuarán fuera del sistema penal.

El nuevo esquema introduce un modelo de intervención gradual que prioriza medidas alternativas a la privación de la libertad. Entre ellas se incluyen tareas comunitarias, reparación del daño, programas educativos o de inserción laboral, asistencia psicológica, restricciones de acercamiento y monitoreo electrónico. La detención queda prevista como instancia excepcional.

En cuanto a las sanciones, la ley establece un tope máximo de 15 años de encierro para adolescentes, incluso en delitos con penas mayores en el régimen de adultos, y prohíbe la prisión perpetua. Además, dispone que las medidas privativas de libertad se cumplan en espacios especializados y separados del sistema penitenciario común.

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También incorpora herramientas como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, orientadas a resolver conflictos sin llegar a juicio en casos de menor gravedad. A su vez, contempla el seguimiento por equipos interdisciplinarios y la obligación de cumplir pautas educativas o de tratamiento.

Otro de los ejes del régimen es la protección de derechos durante el proceso, con instancias reservadas, asistencia legal desde el inicio y la prohibición de difundir datos que permitan identificar a los involucrados. Asimismo, se establece la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados.

La legislación fue aprobada por el Congreso tras un debate que incluyó modificaciones al proyecto original, que proponía una edad mínima de 13 años. Finalmente, el texto consensuado fijó el límite en 14 y dispuso un plazo de 180 días para su implementación, período en el que las provincias deben adecuar sus estructuras judiciales y administrativas.

Con su entrada en vigencia en septiembre, el sistema penal juvenil incorporará a un nuevo grupo etario bajo jurisdicción penal, con un enfoque que combina sanciones con medidas de acompañamiento e integración social.

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