La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos avances con el foco puesto en una serie de gastos en moneda extranjera que ahora son analizados en detalle por la Justicia. La investigación busca determinar si esos movimientos financieros guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario.
En este contexto, el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Esta medida permitirá acceder a información clave sobre cuentas, consumos, créditos y operaciones financieras, con el objetivo de reconstruir su evolución patrimonial en los últimos años.
Uno de los ejes centrales de la investigación gira en torno a una serie de gastos en dólares realizados en aproximadamente dos años, que alcanzarían los 90 mil. Entre ellos, se destacan desembolsos vinculados a operaciones inmobiliarias, como el pago inicial de 30 mil dólares para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, cuyo valor total fue de 230 mil, con una hipoteca que cubrió gran parte del monto.
A esa operación se suma la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá, donde se registró un aporte de 20 mil dólares al momento de la compra, además de otros movimientos financieros asociados a hipotecas previas. También figura un pago de 30 mil dólares realizado para cancelar parte de una deuda hipotecaria, lo que forma parte del análisis global de la fiscalía.
La investigación no se limita a las propiedades. También se incorporaron gastos personales, como viajes y consumos en el exterior. Entre ellos, se menciona un vuelo en avión privado a Punta del Este y el costo del pasaje de su esposa en un viaje oficial a Nueva York, además de otros desembolsos como la tasa de ingreso al country donde adquirió una propiedad.
Según consta en el expediente, estos movimientos se contrastarán con los ingresos del funcionario, cuyo salario se ubicaba en torno a los tres millones de pesos mensuales hasta fines del año pasado. El objetivo es establecer si existe coherencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados.
Además, la fiscalía prevé avanzar en nuevas medidas de prueba, que incluyen el análisis de posibles refacciones en las propiedades adquiridas y otros gastos aún no determinados. También se solicitaron informes a distintos organismos, en un intento por completar el mapa financiero del funcionario.
Mientras tanto, desde el entorno de Adorni rechazan las acusaciones y aseguran que la situación quedará aclarada con la presentación de su próxima declaración jurada. La Justicia, por su parte, continúa con el cruce de información para determinar si los datos relevados configuran una inconsistencia patrimonial o pueden ser justificados dentro del marco legal.
Con información de TN.
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