Créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores nacionales del oficialismo | La oposición pide informes por presuntos beneficios y el Banco Nación niega un trato preferencial

Al menos nueve funcionarios y diputados de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por hasta $400 millones. La oposición presentó un pedido de informes para investigar posibles irregularidades, mientras que los involucrados y la entidad bancaria aseguran que no hubo excepciones.

Una controversia surgió en los últimos días por la adjudicación de créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA) a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a legisladores de La Libertad Avanza. La información, que proviene de registros públicos del Banco Central, motivó un pedido de informes de la oposición para determinar si existieron condiciones preferenciales en el otorgamiento.

Los datos se desprenden de la Central de Deudores del BCRA, que reúne información sobre el endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero. La plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky, procesó estos registros e identificó a los funcionarios y legisladores que tienen deudas con el Banco Nación.

Según la información difundida, al menos nueve personas vinculadas al oficialismo accedieron a créditos del BNA por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones. Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con una deuda inicial de $373.000.000, y Federico Furiase, secretario de Finanzas, con una de $367.059.000. También aparecen en el listado Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital, y Emiliano Mongilardi, director de YPF, con préstamos por $112.948.000 y $309.507.000, respectivamente. Además, los diputados de LLA Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde mantienen deudas que varían entre los $230 millones y los $279 millones.

Dudas y pedido de informes

A raíz de estos datos, el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo aclare las condiciones de los préstamos. El legislador busca saber si hubo un exceso en los límites de crédito a personas políticamente expuestas, si se aprobaron con dictámenes técnicos desfavorables o si existieron resoluciones excepcionales para habilitarlos.

Paulón consideró que la situación exige una explicación formal por parte de las autoridades. “La difusión de créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales por hasta $400 millones generan más dudas que certezas. Por ello, impulsamos una batería de medidas al respecto incluyendo pedidos de informe y de acceso a la información pública. El Banco público es de todos, y no puede estar al servicio de los intereses particulares de unos pocos privilegiados”, expresó en su cuenta de X.

Por su parte, los dirigentes involucrados rechazaron haber recibido beneficios. El diputado Alejandro Bongiovanni (LLA) negó cualquier tipo de trato preferencial. “Es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos ‘diferentes’ o ‘preferenciales’ a las generales. Fueron las condiciones de ese momento, mediados del año pasado (4,5 tasa) para todos los que cobran haberes en el banco. Es un crédito en UVAs atado a la inflación mensual”, explicó.

Desde el Banco de la Nación Argentina publicaron un mensaje institucional en el que destacaron que “nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga” la entidad. El banco remarcó que el proceso es “homogéneo, sin excepciones” y cuenta con circuitos digitalizados. La entidad posee líneas específicas para empleados del sector público, como “+Hogares sector público”, que permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble, un porcentaje superior al 75% que cubre la línea general. Según fuentes de la entidad, muchos funcionarios solicitaron créditos bajo esas condiciones, pero siempre con respeto al scoring crediticio de cada solicitante.