El gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una estrategia doble: aliviar la situación financiera de las provincias mediante un fuerte adelanto de fondos y, al mismo tiempo, recomponer vínculos políticos para acelerar el tratamiento de reformas en el Congreso.
En la Casa Rosada consideran clave recuperar la iniciativa política y ganar presencia en la agenda pública, especialmente en un contexto donde buscan dejar atrás tensiones mediáticas que afectan al oficialismo. En ese esquema, el Congreso aparece como el principal escenario para impulsar proyectos que permitan retomar protagonismo.
Agenda legislativa y apoyo de gobernadores
Para la próxima semana, el oficialismo en la Cámara de Diputados apunta a sesionar con temas sensibles, como la modificación de la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. La reforma vinculada a zonas periglaciares genera polémica, pero el Gobierno confía en reunir los votos necesarios gracias al respaldo de provincias con intereses mineros.
En este contexto, la relación con los gobernadores se vuelve determinante. En el oficialismo sostienen que aún conservan el apoyo de aliados clave y que existe una ventana política —al menos hasta agosto— para sostener la dinámica de reformas iniciada en sesiones extraordinarias.
Un adelanto de $400.000 millones
Como gesto concreto para fortalecer esos vínculos, Milei firmó un decreto que habilita un adelanto de hasta 400.000 millones de pesos en concepto de coparticipación para 12 provincias. La medida, que se oficializará en los próximos días, alcanza tanto a distritos cercanos al Gobierno como a otros históricamente enfrentados.
Entre las provincias incluidas figuran Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz. La decisión refleja una estrategia amplia para sostener gobernabilidad en un escenario fiscal complejo.
Crisis en las cuentas provinciales
El trasfondo de la medida es el deterioro de la recaudación. En marzo, las transferencias automáticas registraron una caída del 11,3% respecto a febrero, lo que profundizó la crisis financiera en las provincias. En el primer trimestre de 2026, la pérdida real superó el billón de pesos en comparación con el año anterior.
Este escenario obligó a los gobernadores a buscar alternativas para evitar endeudarse en el exterior, donde las tasas son mucho más elevadas. El adelanto de coparticipación aparece así como una herramienta para contener la situación sin recurrir a financiamiento más costoso.
El mecanismo establece que las provincias deberán devolver los fondos antes de fin de año, con una tasa cercana al 15%, considerablemente menor a la del mercado internacional.
Las gestiones detrás de esta política son atribuidas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro del Interior, Diego Santilli, quienes articulan el frente económico y político para sostener acuerdos con los mandatarios provinciales.
La necesidad de recursos llevó incluso a gobernadores críticos a flexibilizar posiciones. En Tierra del Fuego, el mandatario Gustavo Melella analiza adherir a políticas impulsadas por Nación para atraer inversiones, mientras que en La Rioja hubo contactos con autoridades del Congreso en medio de reclamos por fondos.
En este último caso, también circulan versiones sobre posibles acuerdos que incluyen reformas institucionales, aunque desde la provincia relativizan esos trascendidos.
Tanto Nación como las provincias enfrentan un margen fiscal limitado. La caída de ingresos afecta a todos los niveles del Estado, lo que obliga a sostener una relación pragmática. En el Gobierno reconocen que el contexto es adverso y que la asistencia financiera busca evitar un agravamiento de la crisis en las administraciones locales.
Con información de Infobae.
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