La medida, que se oficializará por decreto, busca aliviar la caída de ingresos en 12 distritos y evitar un mayor endeudamiento. El esquema prevé la devolución de los fondos antes de fin de año con una tasa del 15% y es clave en la estrategia oficialista.
El Gobierno nacional habilitó un esquema de adelanto de coparticipación por hasta $400.000 millones para doce provincias. La Casa Rosada apuesta a que este alivio financiero contribuya a ordenar la relación con los gobernadores y a garantizar los apoyos necesarios para avanzar con su agenda de reformas en el Congreso.
Según fuentes oficiales, el mecanismo apunta a cubrir las necesidades de liquidez de los distritos sin que ellos deban recurrir al endeudamiento en el mercado. Los fondos, que corresponden por ley a las provincias, se girarán de manera anticipada y se deberán devolver antes de que termine el año, con una tasa del 15%, un costo inferior al que enfrentan en el sistema crediticio.
En la Casa Rosada consideraron que el movimiento también tiene un impacto político. Cerca del Ejecutivo explicaron que es una forma de ordenar la relación fiscal con los gobernadores y sostuvieron que el esquema fija un marco más previsible frente a los recurrentes pedidos de asistencia. En paralelo, reconocieron que la situación en las provincias es delicada y atraviesa a oficialistas y opositores por igual.
Fuentes con conocimiento del vínculo fiscal entre la Nación y los distritos admitieron que la situación es compleja en todas las jurisdicciones. El deterioro de los recursos es uno de los factores centrales, ya que la baja en la recaudación afectó tanto a la Nación como a las provincias. Esta coyuntura provocó caídas en las transferencias automáticas y una pérdida significativa de ingresos en términos reales durante el primer trimestre del año.
El esquema alcanza a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. La lista incluye tanto a provincias alineadas con el oficialismo como a otras con posiciones más críticas, lo que refuerza la intención del Gobierno de sostener canales de diálogo amplios. Además, la medida no es inédita, pues en enero el Ejecutivo ya aplicó un mecanismo similar para Entre Ríos.
Estrategia legislativa
El trasfondo de la medida es político. Sin mayoría propia en el Congreso, La Libertad Avanza depende de acuerdos con los gobernadores para avanzar con proyectos clave, como la modificación de la Ley de Glaciares. En el Gobierno confían en que reunirán los votos necesarios con el apoyo de los mandatarios provinciales y los bloques aliados.
Fuentes legislativas del oficialismo se mostraron optimistas sobre las negociaciones y el panorama en el recinto. “Creemos que están los votos para avanzar con las reformas que impulsa el Ejecutivo. Con el acompañamiento de los gobernadores y de los sectores afines que entienden la necesidad de estos cambios, se puede construir el consenso necesario para que los proyectos se conviertan en ley”, aseguraron.
Esa tarea de articulación recae en buena medida en el ministro del Interior, Diego Santilli, quien retomó las gestiones con los gobernadores a través de reuniones y viajes a las provincias. En los últimos días mantuvo encuentros con mandatarios considerados dialoguistas con el objetivo de avanzar en la agenda legislativa que impulsa el presidente Javier Milei.
Desde las provincias también marcaron la necesidad de coordinación. Gobernadores aliados destacaron la importancia de avanzar en reformas que den previsibilidad y generen condiciones para la inversión, aunque al mismo tiempo reclamaron mayor certidumbre en los envíos de fondos. De esta manera, la relación entre la Nación y las provincias atraviesa un equilibrio delicado, donde la caída de los recursos limita las posibilidades de ambos lados y condiciona las negociaciones.
