La denuncia fue presentada por la madre del adolescente. El sospechoso habría obtenido el material sin consentimiento durante una relación previa y lo utilizó para intimidarla. Secuestraron dispositivos electrónicos y gestionan el bloqueo del contenido para evitar su circulación, anticiparon.
Un joven de 21 años fue detenido en Puerto Iguazú en el marco de una causa por presunta violencia digital, producción de material de abuso sexual infantil (MASI) y desobediencia judicial, tras una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer por la madre de una adolescente de 16 años.
Según consta en la presentación, el acusado, Kevin D., habría grabado videos íntimos de la menor sin su consentimiento durante una relación que se habría extendido por aproximadamente nueve meses. De acuerdo a la denuncia, el material habría sido utilizado posteriormente como mecanismo de presión para obligarla a mantener encuentros, bajo amenaza de publicar los archivos.
El hecho que motivó la intervención judicial se produjo cuando el sospechoso, al ver a la adolescente acompañada por un familiar y suponer que se trataba de una nueva relación, envió por WhatsApp uno de los videos íntimos a una allegada de la familia. La mujer receptora del archivo alertó a la madre de la joven, quien aportó capturas de pantalla como elemento probatorio.
A partir de la denuncia, el Juzgado interviniente ordenó un allanamiento en el domicilio del implicado, procedimiento en el que efectivos policiales concretaron la detención y secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias específicas.
En paralelo, se libraron oficios a la empresa META para preservar las comunicaciones vinculadas al caso y solicitar la eliminación del material mediante técnicas de identificación digital por “hash”, un sistema que permite individualizar el archivo e impedir su eventual difusión o republicación en plataformas digitales.
De acuerdo a los antecedentes incorporados al expediente, el 2 de enero de 2026 se había radicado una denuncia por violencia familiar que derivó en una prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia, medida que habría sido vulnerada, lo que configura un posible incumplimiento de orden judicial.
La investigación encuadra provisoriamente en el artículo 128 del Código Penal, que sanciona la producción, distribución o difusión de representaciones de abuso sexual infantil, en virtud de que el imputado es mayor de edad y la víctima menor de 18 años.
Asimismo, el caso se encuentra alcanzado por la denominada Ley Olimpia (Ley 27.736), normativa que incorporó la violencia digital dentro de la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, contemplando conductas como la obtención, reproducción o difusión no consentida de material íntimo, así como amenazas, extorsión o control mediante tecnologías de la información.
En ese marco, la denominada Ley Olimpia (Ley 27.736) incorporó la violencia digital como una modalidad específica dentro de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reconociendo como tales aquellas conductas que, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, vulneren la dignidad, intimidad, identidad y seguridad de las víctimas.
La normativa contempla, entre otras situaciones, la obtención, producción, reproducción o difusión sin consentimiento de material íntimo o de contenido sexual, así como prácticas de hostigamiento, amenazas, extorsión, control o vigilancia a través de medios digitales, cuando estas acciones generen perjuicios de carácter psicológico, moral, sexual o patrimonial.
Asimismo, la legislación prevé la posibilidad de ordenar el resguardo urgente de evidencia digital, la preservación de datos informáticos y la remoción de contenidos en plataformas y redes sociales, con el objetivo de impedir su viralización y reducir el impacto sobre la persona afectada, garantizando su derecho a la privacidad y a la integridad en entornos digitales.
En el caso investigado, las medidas dispuestas incluyeron el requerimiento a plataformas tecnológicas para la preservación de las comunicaciones y la aplicación de herramientas de identificación digital del material, con el fin de bloquear su eventual circulación en internet y facilitar su trazabilidad dentro de la investigación judicial.
La Justicia frenó obras de relleno en la Isla del Medio, Posadas ⚖️. Exigen un estudio de impacto ambiental antes de continuar. 🌿 https://t.co/kQhVkYbvRf #Posadas #Justicia #MedioAmbiente #Obras pic.twitter.com/DMdz04uwnw
— misionesonline.net (@misionesonline) April 1, 2026
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