El presidente Javier Milei remitió las postulaciones para 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces. En la lista se destaca Emilio Rosatti, hijo del titular del máximo tribunal. La iniciativa busca paliar la crisis de vacantes, que afecta al 36,5% del Poder Judicial.
El Gobierno Nacional envió este lunes al Senado un paquete con 62 pliegos para designar magistrados en el Poder Judicial, con el objetivo de cubrir parte de las más de 300 vacantes que persisten en el sistema. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó la iniciativa a través de su cuenta de la red social X. “Todos los pliegos de esta primera tanda, firmados por el Presidente”, afirmó.
Las postulaciones, que ingresaron en dos tandas a la Cámara alta, incluyen nombramientos para 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces. La mayoría de los cargos corresponde a tribunales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense. Los pliegos serán girados a la Comisión de Acuerdos, pero su tratamiento dependerá de que tomen estado parlamentario en una próxima sesión. En ese sentido, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, señaló que su intención es que el Senado sesione la semana que viene.
Nombres clave y ausencias notorias
Entre las designaciones propuestas sobresale la de Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Rosatti es hijo de Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y, al mismo tiempo, del Consejo de la Magistratura, organismo que elaboró la terna de la cual el Ejecutivo lo seleccionó.
Desde el entorno del magistrado aclararon que el presidente de la Corte no participó en el plenario donde se votó esa terna, que se aprobó por unanimidad. Además, puntualizaron que el candidato ingresó al Poder Judicial casi diez años antes que su padre. En la misma tanda figuran otros nombres vinculados a magistrados en funciones, como Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y María Julia Sosa, secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini.
Estos 62 pliegos representan un primer paso para abordar un problema estructural, ya que el 36,5% de los cargos en la justicia nacional y federal está vacante. Sin embargo, un dato que no pasó inadvertido es que ninguna de las postulaciones corresponde a los tribunales de Comodoro Py, el fuero federal donde se investigan los casos de corrupción. Allí, el 31% de los puestos se encuentra sin cubrir y siete fiscales federales ya iniciaron sus trámites jubilatorios.
