(NA) El Gobierno nacional resolvió declarar como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán e incorporarlo al registro oficial de entidades vinculadas al terrorismo, en una decisión basada en investigaciones que lo conectan con los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA en Argentina, y que busca habilitar sanciones para restringir su accionar en el país.
El Gobierno nacional resolvió declarar como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) e incorporarlo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), según informó la Oficina del Presidente.
La decisión se sustenta en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que vinculan al CGRI con los atentados perpetrados en la Argentina durante la década de 1990. En ese marco, el 17 de marzo de 1992 un coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, provocando 29 muertes y más de 200 heridos. Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, un ataque similar demolió la sede de la AMIA, con un saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.
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De acuerdo con el comunicado oficial, ambos atentados fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah.
En esa línea, se recordó que la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien actualmente se desempeña al frente del CGRI.
La medida fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, en base a informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en territorio argentino, según información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.
La incorporación al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la organización en el país, así como también a proteger al sistema financiero de su utilización con fines ilícitos.
Por su parte, el presidente Javier Milei sostuvo que la decisión busca “saldar una deuda histórica de más de 30 años con las víctimas” y reafirmar el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Además, planteó el alineamiento de la Argentina con la civilización occidental frente a quienes, según expresó, buscan destruirla.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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