Tras el alivio por YPF, Argentina aún enfrenta juicios internacionales millonarios

El reciente fallo favorable para la Argentina en la causa por la expropiación de YPF trajo un respiro en el frente judicial externo. La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos dejó sin efecto la condena que obligaba al país a pagar unos US$16.000 millones más intereses, en lo que era el litigio más oneroso y complejo que enfrentaba.

Sin embargo, más allá de ese triunfo, el escenario dista de estar completamente despejado. El país todavía mantiene abiertas varias causas en tribunales internacionales que, en conjunto, superan los US$10.000 millones en potenciales obligaciones.

Uno de los conflictos más antiguos tiene su origen en el default de 2001. A pesar de los canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016, aún persisten reclamos de holdouts —fondos que no ingresaron a las reestructuraciones— que continúan litigando por el cobro de bonos impagos. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, estos casos representan un pasivo contingente cercano a los US$2.400 millones.

Dentro de este grupo, algunos fondos ya cuentan con sentencias favorables. Es el caso de Bainbridge, con un fallo por unos US$95 millones más intereses, y Attestor, que obtuvo una resolución por US$460 millones. Este último incluso logró avanzar sobre activos argentinos en el exterior, como parte del colateral de los bonos Brady depositados en Nueva York. En los últimos meses, ambos acreedores alcanzaron un acuerdo sobre parte de esos fondos, lo que permitió destrabar parcialmente el conflicto.

Otro frente relevante es el vinculado al llamado “cupón PBI”, un instrumento financiero atado al crecimiento económico del país. El eje del conflicto radica en la modificación del método de cálculo del Producto Bruto Interno en 2013, cuando el Gobierno informó un crecimiento de 3,2%, apenas por debajo del umbral que activaba el pago de estos títulos.

En este marco, la Argentina ya recibió una condena firme en tribunales de Londres por la versión en euros del cupón, que la obliga a pagar alrededor de US$1.450 millones más intereses. Aunque el país había depositado más de US$300 millones como garantía para apelar, ese monto ya quedó en manos de los demandantes, mientras continúa la disputa por el resto de la deuda.

Además, los acreedores buscan ampliar el alcance de ese fallo para incluir otros períodos, lo que podría elevar significativamente el monto reclamado. En paralelo, existen tres causas abiertas en Estados Unidos por las versiones en dólares del cupón PBI. Entre ellas, se destacan las demandas impulsadas por el fondo Aurelius Capital, que reclama cifras millonarias y mantiene activo su litigio pese a reveses iniciales por cuestiones técnicas.

El listado de disputas también incluye el caso de la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. Por esta causa, el país enfrenta un laudo adverso en el CIADI (el tribunal arbitral del Banco Mundial), ratificado posteriormente por la justicia estadounidense. El monto a pagar, incluyendo intereses, ronda los US$390 millones. Aunque en su momento se evaluó un acuerdo con los acreedores, finalmente la Argentina optó por continuar con el proceso de apelación.

A esto se suman otros casos dentro del CIADI. Si bien estos laudos no son automáticamente ejecutables, pueden derivar en embargos si los demandantes logran su reconocimiento en tribunales locales de distintos países.

Entre ellos, figura la condena a favor de AES Corporation por unos US$716 millones, relacionada con la pesificación de contratos en la represa Alicurá. También aparece el fallo favorable a la empresa Webuild, que reclama US$147 millones por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria.

Otro caso relevante es el de Mobil Exploration, que obtuvo un laudo por US$196 millones vinculado a pérdidas en el sector gasífero durante la crisis de principios de siglo.

En conjunto, estos litigios reflejan que, pese al alivio obtenido en el caso YPF, la Argentina continúa expuesta a una serie de demandas internacionales que podrían tener un impacto significativo en sus finanzas. El desenlace de estas causas será clave para definir el panorama judicial y económico del país en los próximos años.

Con información de TN.