La Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la sentencia de la jueza Loretta Preska contra el Estado argentino por la expropiación de la petrolera en 2012. El tribunal consideró que las leyes del Congreso están por sobre los estatutos de la empresa.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó el fallo que condenaba a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF. La decisión, resumida en un documento de 56 páginas, desligó al Estado de la sentencia adversa que dictó en primera instancia la jueza Loretta Preska.
El tribunal, con un voto de dos contra uno, determinó que la causa debe volver a Preska para que dicte un nuevo fallo alineado con la visión de la Cámara. Los jueces argumentaron que la legislación argentina prevalece sobre los estatutos de la compañía. “Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra y la empresa carecen de mérito”, estableció el texto judicial.
La sentencia de la Cámara fue contundente y explicó que la decisión se fundamenta en dos motivos. “Primero, bajo el derecho civil argentino, el Estatuto no creó promesas bilaterales que generen una obligación contractual por parte de la República hacia otros accionistas de YPF, incluidos los demandantes. Segundo, aun asumiendo que el Estatuto haya originado un contrato bilateral, los reclamos de incumplimiento de contrato por daños están vedados por el derecho público de la república sobre expropiación”, detalló el fallo.
De esta manera, la mayoría del tribunal sostuvo que los estatutos de una sociedad anónima cumplen una función organizativa interna y no constituyen contratos bilaterales que puedan ser exigibles entre accionistas privados y el Estado. Sin embargo, los jueces reconocieron la perspectiva de los demandantes. “Tal vez sea cierto, como sostienen los demandantes, que la República hizo ‘promesas excepcionalmente claras’ en estos estatutos y cometió un ‘incumplimiento excepcionalmente grave’ al negarse flagrantemente a realizar una oferta a los muchos inversores privados de YPF que habían comprado suponiendo que estarían protegidos contra la renacionalización”, admitieron.
Por su parte, el juez José Cabranes votó en disidencia y expresó que los estatutos de YPF debían entenderse como contratos entre accionistas. Según su perspectiva, la privatización de la petrolera buscaba “proteger a los inversores y generar confianza en el mercado” y, por lo tanto, el incumplimiento de la oferta pública debió considerarse un daño indemnizable.
El rol diplomático
El alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y la relación personal del presidente con Donald Trump fueron factores que, según diversas fuentes, influyeron en el resultado. Un equipo diplomático y legal trabajó durante meses en el caso, que incluyó al embajador en EE.UU., Alec Oxenford, y a funcionarios del Tesoro. El subprocurador Juan Stampalija destacó la importancia de este respaldo. “Fueron muy importantes los apoyos porque Argentina tiene un daño reputacional histórico muy grande. Y a veces eso hace que los argumentos no se tomen tan en serio. No debería ser, pero podría pasar. Por eso fue importante el apoyo concreto de EEUU en el expediente”, destacó Stampalija.
En febrero, el gobierno estadounidense presentó un escrito ante la jueza Preska en el que advirtió que castigar a un Estado soberano en sus tribunales podría generar un efecto adverso para los propios intereses de Washington en cortes extranjeras.
La reacción de Milei
Tras conocerse la noticia, el presidente Javier Milei celebró la decisión judicial y apuntó contra la gestión que llevó adelante la expropiación. El mandatario cuestionó que Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof intentaran adjudicarse el logro. “Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”, afirmó Milei.
Además, el jefe de Estado remarcó las consecuencias que pudo tener el fallo adverso para el país. “Es importante que todos tengamos algo en claro, estos personajes de nuestro pasado nos unieron en una aventura suicida que nos podría haber costado, todo mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”, agregó.
Por su parte, el fondo Burford Capital, que compró los derechos para litigar de accionistas que se sintieron perjudicados, manifestó su decepción con el fallo y analiza apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Una fuente oficial que siguió el caso analizó la estrategia del demandante. “Era todo ruido para tratar de cobrar, era su objetivo. No le importaba nada más, por eso la insistencia. Y estaban jugados, no esperaban un fallo de este calibre”, analizó.
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