La nueva normativa permite que los laboratorios nacionales continúen con la producción de genéricos, mientras que los nuevos desarrollos deberán pagar regalías. El foco ahora está en la implementación y en el rol de los organismos regulatorios.
El Gobierno avanzó con una modificación en el sistema de patentes de medicamentos que busca ordenar una disputa histórica entre laboratorios nacionales y extranjeros. La medida, que se enmarca en la agenda de apertura económica, establece un esquema intermedio que permite sostener los intereses de ambos sectores, aunque sin impacto inmediato en los precios.
La resolución introduce un cambio central: a partir de ahora, los nuevos medicamentos que se patenten en el país deberán reconocer derechos de propiedad intelectual, lo que implica el pago de regalías a los titulares de esas patentes, en su mayoría laboratorios internacionales. Sin embargo, el esquema mantiene una cláusula clave para la industria local: los productos que ya se fabrican en el país podrán seguir comercializándose sin modificaciones.
El resultado es una salida de equilibrio que, según coinciden actores del sector, evita una escalada del conflicto. “Era esto o nada”, sintetizan quienes siguieron de cerca las negociaciones.
Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que nuclea a laboratorios extranjeros, valoraron la medida como un avance hacia mayor previsibilidad y condiciones para la inversión en innovación. En paralelo, las empresas locales también respaldaron el esquema, al mantener intacto el negocio de los genéricos ya existentes.
Un nuevo rol para el Estado
El cambio normativo deja en el centro de la escena al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que será el encargado de evaluar caso por caso las solicitudes de patentes. La resolución elimina las restricciones establecidas en 2012 y retoma el marco de la ley de patentes de 1996.
A partir de ahora, el organismo deberá determinar si un medicamento cumple con los requisitos de innovación y aplicación industrial para obtener protección legal. Este punto abre interrogantes sobre su capacidad operativa, en un contexto de limitaciones presupuestarias y pérdida de personal técnico en el sector público.
En paralelo, sigue pendiente la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), un organismo que tendrá un rol clave en la validación económica de medicamentos antes de su incorporación al sistema público de salud. Su puesta en marcha aparece como uno de los próximos pasos para completar el nuevo esquema regulatorio.
Precios: el debate que sigue abierto
A diferencia de otros sectores donde el Gobierno promovió una mayor apertura para bajar precios, en el mercado de medicamentos no hay expectativas de cambios en el corto plazo. Fuentes del sector coinciden en que la nueva normativa no tendrá un impacto directo sobre lo que pagan los consumidores en farmacias.
Desde los laboratorios internacionales sostienen que la falta de competencia real fue uno de los factores que encarecieron los medicamentos en el país y confían en que el nuevo esquema contribuya a corregir esas distorsiones en el tiempo.
En cambio, desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos advierten que una mayor protección de patentes puede derivar en situaciones de monopolio y, por lo tanto, en precios más altos. También alertan sobre prácticas como el “evergreening”, que extiende artificialmente la vigencia de patentes sin aportar mejoras terapéuticas significativas.
En este escenario, la reforma aparece como una solución transitoria que logra descomprimir tensiones, pero deja abiertos varios frentes. El funcionamiento del INPI, la creación de nuevos organismos y la evolución de los precios serán determinantes para medir el impacto real de la medida.
Por ahora, el Gobierno consiguió algo poco habitual en este sector: una tregua entre actores históricamente enfrentados. Pero el debate de fondo —entre acceso, competencia e innovación— sigue plenamente vigente.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 22, 2026
Un proyecto impulsa un nuevo esquema para el pago de patente, basado en el uso de calles, avenidas y rutas y no en el precio del vehículo
