El 22 de marzo de 1976, la Argentina vivía un clima de descomposición. Mientras el gobierno de Isabel Perón se desintegraba y buscaba planes económicos inviables, la violencia de grupos como la Triple A dejaba un reguero de cadáveres que los diarios reportaban con asepsia.
Los titulares del diario La Nación del 22 de marzo de 1976 daban cuenta de una olla a presión a punto de estallar, solo 48 horas antes de que las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Las noticias informaban sobre “Tiroteos entre policías y extremistas” y el hallazgo de cuerpos acribillados en distintos puntos del país. A su vez, el oficialismo, ya desintegrado, intentaba sin éxito articular un nuevo frente político y un plan económico de emergencia.
En ese contexto de violencia creciente, los medios hablaban de enfrentamientos y de la aparición de cadáveres con heridas de bala, sin que se informaran responsables. En La Plata, la crónica mencionó “dos violentos y prolongados tiroteos”. En Bahía Blanca, San Vicente, el río Luján y Avellaneda aparecieron más cuerpos. “Otro cuerpo acribillado” y “Uno más” fueron algunos de los subtítulos que normalizaban el horror. La narrativa oficial siempre indicaba que la policía investigaba los hechos, aunque en muchos casos eran las propias fuerzas paraestatales las que ejecutaban los crímenes.
Mientras tanto, desde el Chile de Pinochet, el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, justificó el rol de los militares en la región. El jerarca aseguró que las Fuerzas Armadas surgían como “las fuentes últimas de reserva moral en sociedades que han visto descomponerse a la mayor parte de sus líderes naturales”. Además, Leigh sostuvo que “sobre los hombres de armas recae, pues, la responsabilidad de ser el soporte principal de la sociedad libertaria del futuro, en países hermanos que hoy debemos unir nuestro esfuerzo ante un adversario y un desafío que nos son comunes”.
El gobierno de Isabel Perón se extinguía. El equipo económico buscaba apoyo para “elaborar un programa de saneamiento” que contemplaba “severas medidas de austeridad”. El plan requería el consenso del sindicalismo y el empresariado, pero también se descontaba la cooperación militar. El matutino porteño aclaró que “la sola enunciación del propósito, es obvio, descarta la tesis de una posible discontinuidad institucional”. Sin embargo, el tiempo para cualquier acuerdo se agotó.
El terror paraestatal
La violencia que se reportaba en los diarios no era azarosa. Desde 1973, con el regreso de Juan Domingo Perón al poder, su ministro de Bienestar Social, José López Rega, había puesto en marcha la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Este escuadrón parapolicial, financiado con fondos públicos y apoyado por sectores de inteligencia, se dedicó a secuestrar, torturar y asesinar a militantes de izquierda, artistas, sindicalistas e intelectuales. La Triple A operó con total impunidad y sus métodos sentaron las bases del terrorismo de Estado que se institucionalizó a partir del 24 de marzo.
Este grupo criminal se expandió por todo el país y actuó en coordinación con otras organizaciones de ultraderecha. En Córdoba, por ejemplo, operaba el Comando Libertadores de América, conducido por oficiales del Ejército que replicaban las mismas tácticas de secuestro y exterminio. En Mar del Plata, la Concentración Nacional Universitaria (CNU), un grupo fascista surgido en 1971, se fusionó con la Triple A para atacar violentamente en el ámbito académico. Sus víctimas aparecían cosidas a balazos en la vía pública o eran secuestradas por hombres que exhibían credenciales policiales.
Tal vez te interese leer: Se realizó un encuentro de reflexión y memoria colectiva en la Cámara de Representantes, en la previa del 24 de marzo
Un crimen en Bahía Blanca
El caso de Néstor Del Río, un empleado no docente de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ilustra la brutalidad de la época. La madrugada del 17 de marzo de 1976, un grupo armado irrumpió en su casa en Bahía Blanca e intentó secuestrarlo. Los vecinos intervinieron y evitaron que se lo llevaran, pero lo dejaron gravemente herido. Del Río fue internado en el Hospital Municipal con un fuerte golpe en la cabeza.
Su compromiso con la actividad gremial en la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur (ATUNS) lo había puesto en la mira de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Cuatro días después del ataque, mientras se recuperaba, dos encapuchados entraron al hospital, redujeron al personal de guardia y lo asesinaron a balazos en su cama. El diario La Nación lo reportó con el subtítulo “Asesinan a un internado”. La causa judicial por su homicidio fue sobreseída tras el golpe y recién encontró justicia 36 años después, en 2012, cuando un juicio por delitos de lesa humanidad condenó a los responsables militares del área.
Fuente: Infobae
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, declaró jornada de reflexión para el próximo 24 de marzo por el 50° aniversario del último golpe cívico-militar
A 50 años del golpe, la Biblioteca Popular Posadas organiza la Semana de la Memoria con actividades culturales
Atentado a la Embajada de Israel | A 34 años del ataque, Javier Milei participará del homenaje a las víctimas en Buenos Aires
