La catedrática española encabezó una conferencia en el Congreso Internacional de Derecho Procesal. Planteó que el avance tecnológico exige regulación, capacitación y control humano para resguardar garantías y derechos fundamentales.
“Todo no vale, todo no vale”. Con esa definición, Silvia Barona Vilar sintetizó su postura sobre el uso de inteligencia artificial en el sistema judicial, al advertir que existen límites que no pueden ser vulnerados, en particular las garantías del debido proceso y la tutela de los derechos fundamentales.
La jurista española, catedrática de Derecho Procesal de la Universitat de València, sostuvo que el desarrollo tecnológico abre nuevas posibilidades, pero también plantea riesgos que deben ser abordados desde el derecho. “Los riesgos están presentes y son grandes”, señaló, y remarcó la necesidad de identificar “los claros y los oscuros” en la aplicación de estas herramientas.
En ese sentido, subrayó que “hay unas líneas rojas que son intraspasables, que son las garantías del proceso y sobre todo la tutela de los derechos fundamentales de las personas”, y consideró imprescindible que el uso de inteligencia artificial en la Justicia esté acompañado por regulación y control.
Al analizar el contexto actual, sostuvo que el derecho procesal atraviesa un escenario de transformación, impulsado por factores como la internacionalización de los conflictos y el avance de nuevas tecnologías. “Estamos en un proceso de cambio donde hay una serie de elementos que antes no se tenían”, afirmó.
Entre esos factores, mencionó la creciente interconexión entre países, que genera nuevos desafíos jurídicos. “Se plantean toda una serie de conflictos que antes no existían”, señaló, al tiempo que destacó que este escenario exige respuestas adaptadas a un mundo globalizado.
En relación con la implementación de herramientas tecnológicas, la especialista consideró que su incorporación debe ir acompañada de capacitación continua en todos los niveles del sistema judicial. “No solo los jóvenes que se manejan mejor con la tecnología, sino que también los magistrados ya más grandes” deben formarse en estas herramientas, expresó.
Además, insistió en que el uso de inteligencia artificial no puede sustituir el criterio humano. “Siempre tiene que haber un control humano posterior”, afirmó, al advertir sobre el riesgo de que operadores judiciales se conviertan en dependientes de sistemas automatizados.
La catedrática también se refirió al debate internacional en torno a estos avances y señaló que en Europa existe preocupación por la velocidad con la que se desarrollan estas tecnologías. “Los límites hay que ponerlos desde el punto de vista del derecho”, sostuvo.
En ese marco, planteó que la labor de los legisladores y de los operadores judiciales resulta clave para garantizar que la innovación no afecte derechos. “La capacitación que deben tener los jueces, los abogados, los secretarios judiciales y todo el personal es imprescindible”, indicó.
Por otra parte, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el vínculo entre la universidad y el Poder Judicial como parte de este proceso de adaptación. “El mundo te obliga a estar recapacitándote constantemente”, señaló, y agregó que la articulación entre ambos ámbitos permite acompañar los cambios en curso.
Finalmente, Barona Vilar vinculó el debate sobre tecnología y justicia con la defensa de los sistemas democráticos. “Tenemos que agarrarnos como gato panza arriba con los modelos democráticos del derecho”, expresó, y advirtió que cualquier retroceso en materia de garantías puede resultar difícil de revertir. “Los derechos que hemos conquistado son los que tenemos que mantener”, concluyó.
La exposición de la especialista se dio en el marco del Congreso Internacional de Derecho Procesal “Presente y Futuro del Derecho Procesal”, que se realizó en el Hotel O2 con la participación de más de 250 asistentes vinculados al ámbito jurídico. Allí, Barona Vilar brindó la conferencia magistral titulada “Inteligencia artificial en la Justicia Civil. Retos para la Abogacía del Siglo XXI”, centrada en los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema judicial.
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