Paro universitario | Docentes de la UNaM profundizan el reclamo salarial: “Hay colegas que ganan $250.000 y abandonan las aulas”

Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) iniciaron esta semana una nueva medida de fuerza en el marco de un conflicto que atraviesa a todo el sistema universitario argentino. Se trata del primer paro nacional docente de 2026, que tendrá continuidad con otra semana de huelga prevista a partir del 30 de marzo, en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo y el financiamiento de las universidades públicas.

Tania Piris da Motta, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, explicó que la medida fue resuelta por las principales federaciones del país, como CONADU y CONADU Histórica, y contó con la adhesión de otros sectores, incluidos los no docentes nucleados en FATUN. “El lunes hubo un paro general y no hubo ningún tipo de actividad en las universidades”, detalló.

En este contexto, advirtió que el deterioro salarial es uno de los principales ejes del conflicto. “Nos deben un 56% de recomposición para recuperar lo perdido desde 2023. Sin embargo, el Gobierno ofrece un 12% de aumento, lo que resulta claramente insuficiente”, señaló. Además, cuestionó la situación en torno a la ley de financiamiento universitario, que pese a haber sido aprobada y ratificada tras un veto, continúa judicializada.

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Desde Misiones, los docentes impulsan un “paro activo”, con actividades que visibilicen el reclamo. Entre ellas, se convocó a una jornada de elaboración de carteles y a la participación en la movilización del 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria. “Hay que salir a la calle y transformar el paro en una instancia de lucha”, sostuvo Piris da Motta.

Por su parte, Raquel Osorio, docente de la Facultad de Enfermería, amplió el panorama y remarcó que la crisis no solo afecta los salarios, sino también el funcionamiento integral de las universidades. “El reclamo por la ley de financiamiento incluye infraestructura, recursos y condiciones básicas para sostener la educación pública”, indicó.

Osorio advirtió además sobre el éxodo de docentes, especialmente aquellos con dedicación simple. “Hay colegas que ganan alrededor de 250 mil pesos y se están yendo de la universidad. No se van a privadas o al exterior, sino que priorizan la actividad profesional fuera del ámbito académico para poder sostenerse”, explicó.

Un docente de dedicación simple en universidades nacionales argentinas cumple una carga horaria de 10 horas semanales (o 9, según la institución), enfocándose en el dictado de clases, corrección y tareas administrativas. Constituyen la mayor parte de la planta docente (aproximadamente 65-70%).

Esta situación también impacta en la formación continua de los docentes. “Cada vez es más difícil capacitarse, ya sea por el costo o por falta de tiempo, porque muchos deben trabajar más horas en otros ámbitos”, agregó.

En paralelo, las actividades previstas en Misiones incluyen la participación en la marcha del 24 de marzo, que partirá desde las 8:30 en la intersección de Buenos Aires y avenida Mitre, con recorridos por sitios emblemáticos vinculados a la última dictadura y finalización en la Plaza 9 de Julio. También se realizarán intervenciones en la universidad, como la confección de cartelería y una charla abierta sobre la temática.

El conflicto universitario se da en un escenario nacional marcado por un fuerte deterioro del financiamiento y del poder adquisitivo docente. Según datos de ejecución presupuestaria oficial y paritarias del sector, los salarios de los docentes universitarios registraron una caída del 34% en términos reales desde noviembre de 2023, es decir, al comparar los aumentos salariales con la inflación acumulada.

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El mismo análisis señala que el presupuesto universitario también sufrió recortes en términos reales. Al ajustar por inflación, las partidas destinadas a las universidades muestran una caída cercana al 30% entre 2023 y 2025, lo que impacta directamente en el funcionamiento de las instituciones.

En la misma línea, informes de centros de estudios económicos como el CEPA advierten que, si se proyecta el presupuesto vigente para 2026, el ajuste acumulado podría alcanzar hasta un 45% en términos reales respecto a 2023, profundizando la crisis del sistema universitario.

Estas cifras surgen de comparar los montos presupuestarios y salariales con la evolución de la inflación —medida por el INDEC—, lo que permite evaluar el poder de compra real y el nivel efectivo de financiamiento del sistema educativo superior.

En este contexto, el reclamo de los docentes no solo apunta a una recomposición salarial, sino también a garantizar el funcionamiento básico de las universidades públicas, en medio de un escenario que, advierten, compromete la continuidad de la enseñanza, la investigación y la formación profesional en todo el país.

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