Cristian Garrido, decano de la FHyCS, se refirió al impacto del desfinanciamiento del gobierno de Milei en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). En este sentido, explicó que el paro docente y no docente convocado por gremios que representan a todo el país tuvo acatamiento en la tierra colorada debido a una severa caída del poder adquisitivo y a la suspensión de paritarias por parte del Ejecutivo nacional.
Garrido sostuvo que el reclamo es generalizado en casi todas las casas de altos estudios del país. “Las medidas de fuerza son a nivel nacional, prácticamente todas las universidades nacionales se encuentran durante esta semana con medidas que involucran el no inicio de clases, la no asistencia a los lugares de trabajo, y en algunos casos, incluso el paro por tiempo indeterminado”, afirmó en el streaming Sala Cinco de Misiones Online.
Para el decano, uno de los principales detonantes del conflicto es el deterioro salarial acumulado en los últimos años, que se agravó con la actual gestión. Puntualizó que los incrementos otorgados de manera unilateral por el Gobierno nacional no alcanzan para compensar la inflación.
“La pérdida del poder adquisitivo representa un porcentaje importante. Estamos hablando sí, del 55%, 60% en algunos casos según las estimaciones puede ser un poco más. Lo cierto es que en 2024 y 2025 son dos años en los cuales se perdió por lo menos entre 10 y 11 salarios en números generales y las paritarias siempre se suspendieron y los incrementos salariales se hicieron en forma unilateral, siempre por debajo del índice de inflación y por ende el incremento salarial se licua rápidamente”, precisó Garrido.
Además, el académico subrayó que esta situación pone en jaque no solo el salario de los trabajadores, sino también el funcionamiento integral de la universidad. “Hay una preocupación respecto de lo que esto significa para todo el sistema universitario nacional, para cada una de las facultades, en lo que hace a sostener las condiciones adecuadas para el funcionamiento, el dictado de clases, para contener a nuestros estudiantes y, por otro lado, el salario que requieren los trabajadores docentes y no docentes para llevar adelante plenamente su tarea”.
Una ley aprobada y sin aplicar
Frente al conflicto, el gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un paquete de leyes que incluye una revisión del esquema de financiamiento universitario para ajustarlo al objetivo de equilibrio fiscal. Garrido contrastó esta iniciativa con la Ley de Financiamiento Universitario ya aprobada pero que nunca se reglamentó.
“La Ley de Financiamiento Universitario que está aprobada, pero que se encuentra suspendida, es la que mejor representa los reclamos del sistema universitario argentino y de la ciencia y la tecnología. No hay que perder de vista que las universidades hacen ciencia, que las universidades producen conocimiento, más del 70% de las investigaciones se llevan adelante en las universidades públicas”, recordó.

“Y que no se trata solo de una cuestión salarial, sino también de las inversiones en infraestructura, el mantenimiento de la misma, como así también el equipamiento, el mantenimiento de ese equipamiento, las políticas de bienestar estudiantil, las becas estudiantiles que son también importantes para que los estudiantes puedan seguir adelante y también las inversiones estratégicas en carreras, que también responden a cambios actuales, como pueden ser carreras vinculadas con la inteligencia artificial”, agregó.
En esa línea, criticó la propuesta del Ejecutivo, que consideró insuficiente para revertir el daño salarial. “La propuesta que comenzó a circular solamente plantea un 12% de incremento salarial, que eso sería recuperar la pérdida del poder adquisitivo del 2025, frente a un 55% de la Ley de Financiamiento Universitario que ya está aprobada. Y que implica recuperar esa pérdida de poder adquisitivo del 2024 y del 2025”.
Expansión territorial de la universidad y alta demanda
A pesar del contexto adverso, el decano destacó el rol clave de la Facultad de Humanidades en la provincia, con una fuerte expansión territorial que busca garantizar el acceso a la educación superior en distintos municipios. Este trabajo se articula con la CODEIM y los gobiernos locales.
“Hoy tenemos ocho extensiones áulicas en funcionamiento y estamos por comenzar este año con tres nuevas extensiones áulicas en Puerto Rico, Ruiz de Montoya y San Javier. De los inscriptos este año, hay un porcentaje muy alto de estudiantes que van a cursar en estas extensiones áulicas, lo cual también muestra la relevancia que tiene la presencia de nuestra facultad en estos puntos”, informó.

Garrido también ofreció cifras que demuestran la alta demanda que mantiene la educación pública. La facultad cuenta con más de 5.000 estudiantes regulares y este año recibió 3.000 preinscripciones. Las carreras con más inscriptos fueron el Profesorado en Educación Especial, la Licenciatura en Trabajo Social, el Profesorado en Ciencias de la Educación, la Tecnicatura en Comunicación Social y la carrera de Guía de Turismo.
Respecto al comedor universitario, Garrido confirmó que “está funcionando desde el 18 de febrero. Tenemos allí hoy por hoy solamente el servicio de almuerzo por cuestiones presupuestarias y también por los procesos de licitación que están en marcha, y esperamos que con el inicio de clases, que va a ser el 25 de marzo, también podamos volver a brindar el servicio de cena. Son más de 1.000 becas de comedor que asisten de lunes a viernes, varía la cantidad, pero son 250, 260 en estas fechas, y cuando hay picos suelen superar los 500 estudiantes que van a almorzar”.
De esta manera, el decano mencionó que en el inicio de clases, pautado para el 25 de marzo “hay que ver de qué manera evolucionan las medidas de fuerza, qué impacto tienen, qué respuesta da el gobierno nacional a los reclamos de los gremios de trabajadores. Y en base a eso, ver qué medidas se van a tomar y si las clases efectivamente van a dar inicio o no. Por lo pronto”.
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