La investigación judicial por presunto abuso sexual contra el intendente de Caraguatay continúa con distintas medidas ordenadas por la Justicia. La abogada Liliana Rolón, representante de la denunciante, explicó que la causa que se inició tras una denuncia presentada a fines del mes pasado, ya se encuentra en etapa de instrucción formal y por lo que se realizaron allanamientos y se convocó a concejales para prestar declaración testimonial.
Rolón contó en el streaming Arriba Misiones de Misiones Online que la denuncia se presentó el 27 de febrero en la fiscalía y que a partir de allí comenzó el proceso judicial.
El expediente quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico y en los primeros días de marzo se formalizó su participación en el caso como querellante particular. “El 3 de marzo se abocó el doctor Balanda, que es el juez director del proceso, y ese mismo día también me constituí como querellante particular en la causa y actor civil”, dijo.
Según detalló, la causa se caratuló como una investigación contra el jefe comunal por delitos graves. “La carátula de la denuncia es sobre requerimiento de instrucción formal número 7/26 contra Mario Peyer por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, amenazas y abuso de autoridad”, sostuvo.
Avanza la investigación judicial contra el intendente de Caraguatay tras la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una empleada municipal.
La Justicia ya realizó allanamientos, secuestró dispositivos electrónicos y citó a concejales a declarar como testigos la próxima… pic.twitter.com/yP2jR5UE1z
— misionesonline.net (@misionesonline) March 13, 2026
Asimismo, confirmó que los hechos denunciados ocurrieron durante el año pasado y se habrían producido en el ámbito del Concejo Deliberante de la localidad. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre las circunstancias del caso debido a que el expediente se encuentra en pleno proceso de investigación.
“Yo entiendo el interés de saber el trasfondo de todo el tema, pero tengo que ser responsable como profesional y, si se trata de una denuncia penal que ya está siendo investigada por la Justicia, existe un expediente en trámite y yo tengo que ser muy respetuosa del proceso judicial”, manifestó.
“Lo importante es que la Justicia pueda investigar con total independencia y que se garantice el debido proceso para las dos partes”, agregó.
Entre las medidas que el juzgado ordenó hasta el momento destacó los allanamientos en varios lugares vinculados al acusado. “Los allanamientos fueron en la intendencia, en la casa del señor intendente. Se allanó una camioneta y se procedió a los secuestros de los dispositivos electrónicos”.
Además, indicó que la Justicia citó a integrantes del Concejo Deliberante para declarar en los próximos días. “Hay una citación con trámite urgente en donde se cita a los ciudadanos Gustavo Jiménez para el 19 de marzo a las 8 horas. También están citados Gustavo Fleitas, Sergio Altamirano y Alejandra Sotelo para prestar declaración testimonial”. Según precisó, todos ellos son concejales de la localidad y deberán aportar su testimonio en el marco de la investigación.
Inclusive se ordenó realizar una inspección ocular en el lugar donde se habría producido el hecho denunciado, como parte de las medidas de investigación dispuestas por el juzgado.
En relación al alcance de la inmunidad prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, remarcó: “La ley dice que él tiene una inmunidad, pero esa inmunidad es una inmunidad funcional. Es por sus funciones, pero eso no lo hace inmune cuando la persona en esa investidura comete un delito contra la integridad sexual”.
Consultada acerca de la situación de su cliente, Rolón indicó que la denunciante trabajó durante cinco años en el ámbito municipal y que su situación contractual presentó cambios recientes. “Esta señora hace cinco años que está trabajando en la municipalidad, pero está afectada al Concejo Deliberante. Estaba contratada y llama la atención que hace dos meses no le renovaron el contrato, pero la señora sigue percibiendo sus haberes”.
La abogada consideró que “hay muchas cosas que hay que esclarecer y ver qué intención había detrás de todas las situaciones que se fueron suscitando”.
De esta manera, la investigación judicial avanza con normalidad dado que “la Justicia está haciendo su trabajo como corresponde y todas las medidas que se están practicando tienen total transparencia con lo que conlleva una instrucción penal”, opinó.
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