Prestadores de transporte que trasladan diariamente a personas con discapacidad a escuelas y terapias, en todo el país, dejaron de trabajar como medida de protesta y porque no tienen ya recursos para seguir. Denunciaron atrasos de varios meses en los pagos de PAMI e Incluir Salud (ambos dependientes del gobierno nacional). Advierten que ya no pueden sostener el servicio por falta de dinero para cargar el combustible de sus vehículos y alertan sobre un posible colapso del sistema en todo el país.
Juan Pérez Brancato – Radio UP
El sistema de transporte especializado para personas con discapacidad atraviesa una crisis profunda en todo el país. Transportistas que realizan traslados diarios hacia centros educativos y terapéuticos denuncian meses de atraso en los pagos de organismos nacionales y aseguran que la actividad se encuentra “al borde de la extinción”.
Así lo afirmó Juan Pérez Brancato, presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación Capacidades Distintas, quien explicó que los prestadores ya no pueden sostener el servicio ante la falta de recursos y la incertidumbre sobre cuándo se regularizarán los pagos. “Nos encontramos al borde de la extinción, ya se podría decir. Venimos trabajando en una ley de emergencia en discapacidad hace más de un año y seguimos sin encontrar solución”, sostuvo.
Según explicó, la situación se agravó porque los aranceles que perciben los transportistas están fijados por el Estado y quedaron muy por detrás de los costos actuales.“No es que nosotros podemos cobrar lo que se nos antoja”, señaló.
A esa situación se suma la deuda acumulada por parte de organismos como PAMI e Incluir Salud, que, según los prestadores, no realizan pagos desde el año pasado. “El último mes abonado es octubre del año pasado. Eso hace que los prestadores ya no tengan más espalda para seguir brindando el servicio”, afirmó.
Sin combustible ni certezas
El atraso en los pagos ya impacta directamente en la continuidad del servicio. Brancato explicó que muchos transportistas dejaron de realizar los traslados porque no cuentan con dinero para afrontar gastos básicos como el combustible. “Muchos recién van a poder reanudar las tareas el día que cobren”, indicó.
Además, denunció que las autoridades no brindan información clara sobre cuándo se regularizarán las deudas. “Hace un mes que nos dicen que se están trabajando para que salgan los pagos, pero no hay una fecha concreta y eso empeora la situación. Los que lo deben garantizar los pagos, son el Estado Nacional, Mario Lugones, ministro de salud, que es el principal responsable, Adorni y Milei.”
Impacto en familias, escuelas y terapias
La suspensión del transporte afecta directamente a personas con discapacidad que dependen del servicio para asistir a escuelas, tratamientos de rehabilitación o terapias.
En muchos casos, las familias no comprenden inicialmente la situación y responsabilizan a los prestadores. “Al principio la culpa se la echa al prestador porque piensan que es falta de voluntad. Pero nosotros hacemos estas prestaciones por vocación y lo último que queremos es perjudicar a las personas”, sostuvo.
El dirigente afirmó que los transportistas mantienen un vínculo cotidiano con las familias y los usuarios del servicio, lo que vuelve aún más difícil la decisión de suspender los traslados. “Se generan lazos que trascienden lo comercial. Por eso tomar estas medidas es doblemente difícil para nosotros”, remarcó.
Un sistema que podría colapsar
De acuerdo con estimaciones del sector, el transporte especializado para personas con discapacidad involucra a miles de trabajadores en todo el país. “Calculamos que hay alrededor de 2.500 transportistas dueños de vehículos, pero si contamos a todos los trabajadores del sistema estamos hablando de unas 200 mil personas”, detalló Brancato.
El dirigente advirtió que, si la situación no se revierte, gran parte del sector podría desaparecer.
Por eso y ante la falta de respuestas, las organizaciones que integran el sistema de prestaciones para discapacidad comenzaron a coordinar medidas de fuerza. Según explicó Brancato, el sector realizará un paro total del sistema este viernes, al que se sumarán nuevas jornadas de cese de actividades miércoles y jueves de la próxima semana.
“Hay dos cosas que necesitamos que se solucionen: los pagos atrasados y la adecuación arancelaria”, afirmó. En ese sentido, indicó que para recuperar el nivel de ingresos que tenían cuando comenzó la emergencia en discapacidad, se requiere una actualización de al menos 40% en los aranceles. “Eso es para estar en el mismo nivel que en 2023”, explicó.
Consecuencias para las personas con discapacidad
El dirigente advirtió que la crisis no solo afecta a los trabajadores del sector, sino principalmente a las personas con discapacidad que dependen del sistema para acceder a educación, salud y acompañamiento.
“Si el sistema se cae, la persona se queda sin todo tipo de apoyo”, sostuvo. Por eso, pidió comprensión a la sociedad frente a la suspensión de los servicios. “Que la comunidad trate de ponerse en el lugar del otro. Piensen cuántos de nosotros iríamos a trabajar durante meses sin cobrar”, planteó.
Mientras tanto, en distintas ciudades del país ya comenzaron a registrarse interrupciones en el transporte hacia centros educativos y terapéuticos, lo que anticipa un escenario complejo si no se encuentra una solución en el corto plazo.
