Federico Montero, de CONADU, anunció una semana de medidas de fuerza en las universidades públicas. Denunció un recorte salarial del 35% y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento, a pesar de un fallo judicial que ordena su aplicación por un desfasaje de 4 billones de pesos.
Federico Montero – Entrevista Radio Up
Las universidades nacionales se preparan para una semana de paros y movilizaciones que comenzará el próximo lunes 16 de marzo. La medida de fuerza surge como respuesta a lo que los gremios docentes describen como un ataque sistemático del Gobierno contra la educación superior pública. Federico Montero, docente de la Universidad de Buenos Aires y secretario de organización de la CONADU, explicó los motivos que llevaron a esta decisión y advirtió sobre las consecuencias del desfinanciamiento.
El dirigente gremial sostuvo que la situación actual es el resultado de un conflicto prolongado que ya acumula dos años. Montero detalló que la política oficial se enfocó en ajustar los gastos de funcionamiento y los salarios, lo que generó un grave deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector. Además, recordó el camino institucional que recorrieron para intentar resolver el problema.
“Lamentablemente tenemos que llegar a esta situación después de un conflicto en relación a la cuestión de las universidades que lleva ya 2 años. Desde que asumió Milei dirigió un ataque contra las universidades públicas, se centró básicamente en recortar los gastos que permiten el funcionamiento y el salario de los docentes y no docentes de las universidades, que lleva perdido más de 35% de nuestro salario. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados en estos años, hemos acudido al Congreso, se sancionó una Ley de Financiamiento, el presidente la vetó. Nosotros logramos reunir las mayorías en el Congreso para quebrar ese veto y la justicia ordenó que se cumpla. Lleva 4 meses el gobierno sin cumplirla, inician las clases y por eso tenemos que llevar adelante esta medida de fuerza que se va a sentir en todas las universidades públicas del país”, afirmó.
Un desfasaje de 4 billones
Para Montero, la diferencia entre los fondos asignados en el presupuesto y las necesidades reales de las universidades es abismal. Según sus cálculos, el sistema requiere una inyección de fondos multimillonaria para poder funcionar adecuadamente y recomponer los ingresos de su personal. El docente también cuestionó la negativa del Presidente a acatar una ley vigente y un fallo judicial que la ratifica.
“Hay una diferencia de 4 billones de pesos con B larga, es decir, millones de millones de pesos. Y ese presupuesto que falta es el que está incluido en la Ley de Financiamiento, que el presidente no quiere cumplir a pesar de que la justicia le ordena que la cumpla. Hace 4 meses que estamos esperando esta situación. Las medidas de fuerza derivan de que hace 2 años que estamos intentando por todas las formas posibles dar una pelea que no es una pelea corporativa, aunque se siente en la realidad del día a día el deterioro salarial”, puntualizó.
En esa línea, el referente de CONADU vinculó la crisis presupuestaria con el impacto directo sobre los estudiantes, cuyas becas quedaron completamente desactualizadas. “En el caso de los estudiantes lo vemos también porque las becas están por el piso, pensá que una beca para los estudiantes está en 30.000 pesos. Claramente eso no puede sustentar la necesidad que puede tener un estudiante para mantenerse cursando. Y la universidad pública es un derecho del conjunto de la sociedad, tiene que ver con las posibilidades de mejorar en términos individuales y colectivos”, agregó.
Fuga de docentes
Otro de los ejes del reclamo se centra en la suspensión de las negociaciones paritarias y la creciente fuga de personal calificado. Montero aseguró que el Gobierno interrumpió el diálogo salarial y que la falta de recursos provoca un éxodo de profesionales que afecta la calidad académica y la producción de conocimiento.
“Las paritarias las suspendió el gobierno. Cuando asumió, le pedimos paritarias, convocó a varias donde ofreció el 0% de aumento y después ya directamente las dejó de convocar. Argumentaron que no tenían la posibilidad de tomar las decisiones económicas en el Ministerio de Educación, ya que desde el Ministerio de Economía, concretamente Toto Caputo, les decía que no había plata”, relató.
El secretario de organización de CONADU citó cifras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para ilustrar la gravedad del problema. “Hay una estadística que no es nuestra, que es del CIN, que tenía para el año pasado en orden de los 10.000 docentes que abandonaron los puestos, producto de la dificultad para poder sostener el trabajo. Una persona que recién arranca por una dedicación simple está cobrando 250.000 pesos por mes. Y para una dedicación exclusiva, los que recién arrancan están cobrando 1.100.000 pesos”, detalló.
Finalmente, Montero consideró que el desfinanciamiento universitario representa un perjuicio para todo el país, ya que interrumpe investigaciones y proyectos con utilidad social. “Cuando se interrumpe eso, no solamente perjudica a las personas porque pierden su salario, a los estudiantes porque pierden a los docentes, sino que ese conocimiento que se estaba produciendo se pierde y luego no se puede recuperar de un día para otro. No solamente que estamos perjudicando a un sector social, sino que nos estamos perjudicando como sociedad. Nos estamos pegando un tiro en los pies al destruir la universidad”, concluyó.
