Mientras empresas tecnológicas desarrollan inteligencia artificial con impacto estratégico global, el derecho internacional aún no ha construido reglas claras para gobernarla.
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En los últimos años, la inteligencia artificial dejó de ser únicamente un tema de ingenieros o empresas tecnológicas. Cada vez aparece con más frecuencia en debates vinculados con la seguridad internacional, la estrategia militar y la distribución del poder en el mundo. Lo que hasta hace poco parecía una innovación asociada a la economía digital comienza a formar parte de discusiones que tradicionalmente pertenecían al ámbito de la política internacional.
Cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos, en términos simples, a sistemas capaces de procesar enormes volúmenes de información, reconocer patrones en datos complejos y generar resultados que influyen en decisiones humanas. No se trata necesariamente de máquinas autónomas o conscientes, sino de modelos algorítmicos diseñados para aprender a partir de datos. Su expansión responde a la combinación de tres factores: acceso a grandes cantidades de información, infraestructura de cómputo extremadamente poderosa y modelos de aprendizaje automático cada vez más sofisticados, lo que permite integrar estas herramientas en ámbitos tan diversos como la investigación científica, la economía digital, la medicina, la seguridad o la defensa.
Para entender su impacto estratégico conviene observar cómo funcionan estas herramientas en la práctica. Los sistemas de inteligencia artificial utilizados en contextos sensibles procesan información proveniente de múltiples fuentes: imágenes satelitales, videos de drones, señales electrónicas, comunicaciones interceptadas o registros logísticos. A partir de esos datos, los algoritmos pueden identificar patrones y detectar comportamientos que sería prácticamente imposible analizar manualmente.
En entornos militares estas capacidades se utilizan para analizar inteligencia, detectar amenazas o anticipar movimientos logísticos. La inteligencia artificial no reemplaza necesariamente la decisión humana, pero amplía radicalmente la capacidad de los analistas para interpretar grandes cantidades de información en tiempos extremadamente reducidos.
Los conflictos recientes ofrecen ejemplos concretos de este proceso. En el enfrentamiento entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza se mencionó el uso por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel de sistemas de análisis basados en inteligencia artificial capaces de procesar grandes bases de datos de inteligencia y generar listas de posibles objetivos. Uno de los sistemas citados en investigaciones periodísticas es Lavender, una herramienta utilizada para analizar enormes volúmenes de información y señalar posibles objetivos humanos.
En el mismo escenario también se utilizan sistemas altamente automatizados de defensa aérea como Iron Dome, capaces de detectar el lanzamiento de cohetes, calcular su trayectoria y determinar en segundos si representan una amenaza para zonas pobladas. Tecnologías similares aparecen también en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde herramientas basadas en inteligencia artificial ayudan a interpretar imágenes de drones o analizar movimientos logísticos.
Estos ejemplos muestran que la inteligencia artificial comienza a integrarse en el ciclo de análisis de información que precede a muchas decisiones estratégicas. Y a medida que esa integración se profundiza, empiezan a aparecer preguntas que el derecho internacional todavía no ha terminado de responder.
La historia de la tecnología ofrece precedentes. La energía nuclear, por ejemplo, surgió inicialmente como un campo de investigación científica, pero terminó convirtiéndose en una de las tecnologías militares más determinantes del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, su desarrollo quedó concentrado en el Proyecto Manhattan, un programa estatal que reunió científicos, recursos industriales y estructuras militares para producir las primeras armas nucleares.
La inteligencia artificial presenta una ambigüedad similar: los mismos algoritmos capaces de mejorar diagnósticos médicos o acelerar investigaciones científicas pueden utilizarse también para analizar inteligencia militar o identificar objetivos en escenarios de conflicto.
Sin embargo, existe una diferencia importante respecto de otras tecnologías estratégicas del pasado. Gran parte del desarrollo de inteligencia artificial no se produce dentro de estructuras estatales. Algunos de los avances más significativos surgen en empresas tecnológicas privadas.
Laboratorios como OpenAI, Anthropic, Google DeepMind o Meta desarrollan modelos capaces de analizar enormes volúmenes de información y generar herramientas con aplicaciones potenciales en ámbitos sensibles como la seguridad o la inteligencia. En China, empresas como Baidu, Alibaba o Tencent impulsan sistemas equivalentes dentro de sus propios ecosistemas tecnológicos.
Esta situación introduce una relación nunca antes vista entre innovación tecnológica y poder estatal. Los gobiernos siguen siendo actores centrales en materia de seguridad, pero parte de la infraestructura tecnológica que puede influir en decisiones estratégicas se encuentra hoy en manos de empresas privadas financiadas por grandes fondos de inversión tecnológica y por los mercados globales de innovación.
Esa relación genera cooperación, pero también tensiones. El debate que se generó recientemente en Estados Unidos en torno al uso militar de sistemas de inteligencia artificial ilustra bien ese nuevo equilibrio. Durante las discusiones surgidas a partir de los conflictos en Medio Oriente, Donald Trump cuestionó públicamente la falta de cooperación de algunas compañías tecnológicas con los intereses estratégicos del gobierno estadounidense, en particular de empresas que intentaban mantener restricciones éticas sobre el uso militar de sus modelos, entre ellas Anthropic. El episodio reflejaba un dilema nuevo: cuando una tecnología se vuelve estratégica, ¿puede una empresa privada decidir hasta dónde puede utilizarse en nombre de la seguridad nacional?
También dentro de empresas como OpenAI —desarrolladora de algunos de los modelos más avanzados del mundo— el uso potencial de estas tecnologías en contextos militares ha generado debates internos y revisiones periódicas de sus políticas de utilización.
Pero el problema no se limita al uso de la tecnología. También involucra la estructura económica que sostiene su desarrollo. A diferencia de otras tecnologías estratégicas del pasado, cuya financiación se encontraba mayormente en manos de los Estados, el avance de la inteligencia artificial requiere hoy inversiones extraordinarias en infraestructura de cómputo, centros de datos y talento especializado, recursos que provienen en gran medida de capital privado y de alianzas tecnológicas internacionales. Esa estructura de financiamiento distribuido dificulta además la posibilidad de establecer mecanismos de control internacional comparables a los que existen en otras tecnologías estratégicas.
Pero los desafíos no son únicamente económicos. La incorporación de inteligencia artificial en ámbitos estratégicos plantea también un problema jurídico todavía abierto: la imputación de responsabilidad. Si un algoritmo participa en procesos que influyen en decisiones militares —por ejemplo en el análisis de inteligencia o en la identificación de objetivos— surge una pregunta difícil de responder. ¿Quién responde por las consecuencias de esas decisiones? ¿El Estado que utiliza el sistema, el operador humano que lo emplea o la empresa que desarrolló el modelo?
La historia reciente muestra también la importancia del control humano en sistemas altamente automatizados. En 1983, el oficial soviético Stanislav Petrov evitó una posible escalada nuclear al decidir no activar el sistema de respuesta cuando una alerta automática indicó erróneamente que Estados Unidos había lanzado misiles. Su decisión fue, en cierto sentido, una forma extrema de duda razonable aplicada a un sistema tecnológico. En escenarios donde los algoritmos comienzan a intervenir en decisiones estratégicas, la cuestión del control humano adquiere una relevancia evidente.
Casos como el de Petrov ayudan a entender el desafío jurídico que plantea hoy la inteligencia artificial. Las categorías tradicionales del derecho internacional fueron concebidas para decisiones humanas, pero la creciente intervención de sistemas algorítmicos en decisiones estratégicas introduce un nivel de complejidad que el marco jurídico actual todavía no ha terminado de resolver. No sorprende, entonces, que tampoco exista hoy un marco normativo internacional claro: no hay tratados globales que regulen el uso de inteligencia artificial en contextos de seguridad o defensa, ni mecanismos destinados a supervisar su desarrollo o los flujos financieros que la impulsan.
En ausencia de un marco normativo internacional claro, el desarrollo de inteligencia artificial se proyecta además como una competencia tecnológica entre potencias. Estados Unidos lidera algunos de los avances más significativos en este campo, mientras China impulsa sistemas equivalentes dentro de su propio ecosistema tecnológico. Israel y Rusia también invierten crecientemente en aplicaciones estratégicas basadas en algoritmos.
La dimensión geopolítica de esta competencia quedó reflejada en 2017 en una frase del presidente ruso Vladimir Putin, pronunciada durante un encuentro con estudiantes: “Quien lidere la inteligencia artificial dominará el mundo”.
El gran problema es que esta carrera tecnológica se desarrolla en ausencia de reglas internacionales claras. Como ha ocurrido tantas veces en la historia, la tecnología suele avanzar primero y el derecho llega después.
En el fondo, lo que está cambiando es algo más profundo: la tecnología estratégica ya no se desarrolla principalmente dentro de los Estados.
Por primera vez en la historia moderna, una tecnología capaz de influir en decisiones estratégicas globales se desarrolla principalmente fuera del Estado, impulsada por empresas privadas, capital global y una competencia creciente entre potencias. Sin un marco normativo internacional claro, su expansión avanza más rápido que las reglas destinadas a gobernarla.
La inteligencia artificial no solo está cambiando la tecnología. Está empezando a redefinir la arquitectura del poder mundial.
