El Tribunal Federal de Porto Alegre dictaminó que el Estado brasileño debe pagar 100 mil reales a una exmilitante capturada en 1970. El fallo reconoce las torturas sufridas en el DOPS y el daño causado por un exilio forzado que la llevó por Chile, Cuba y Bulgaria hasta 1979.
En un fallo con fuertes implicancias históricas y de derechos humanos, el Tribunal Federal de Porto Alegre ordenó al Gobierno Federal de Brasil pagar R$ 100.000 a una exmilitante política que fue detenida, torturada y expulsada del país en la década de 1970.
La demandante, quien integraba la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, fue capturada en 1970 y sometida a interrogatorios violentos en el Departamento Estatal de Orden Político y Social (DOPS-RS). Su historia refleja el crudo accionar de los regímenes militares de la época: tras un año de prisión, fue incluida en un intercambio de prisioneros por el entonces embajador suizo y expulsada mediante un decreto oficial.
La sentencia reconstruye el derrotero de la víctima, quien tras ser desterrada de su país tuvo que refugiarse en Chile, Cuba y Bulgaria. Recién en 1979, con la promulgación de la Ley de Amnistía en Brasil, pudo regresar a su tierra natal.
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Los fundamentos del fallo
La jueza Thaís Helena Della Giustina fue contundente en sus argumentos al señalar que:
Daño Moral: La persecución política afectó profundamente la vida personal, profesional y emocional de la mujer.
Prácticas de Estado: Los antecedentes demuestran que fue sometida a violencia física y psicológica sistemática.
Carácter Educativo: La indemnización busca reconocer el sufrimiento causado por el Estado y sentar un precedente para que estos hechos no se repitan.
Además del pago de la indemnización, la Unión fue condenada a costear todos los honorarios legales del proceso. Si bien la decisión es apelable por parte de la Fiscalía General, el fallo es visto como un avance significativo en la reparación histórica de las víctimas del Plan Cóndor y las dictaduras regionales.
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