El Gobierno argentino solicitó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York la suspensión inmediata del proceso de exhibición de documentos en la causa por la expropiación de la petrolera. La medida busca paralizar una audiencia clave fijada para abril, a la espera de una resolución de fondo.
En el marco de la batalla judicial por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El objetivo principal es requerir la suspensión inmediata del proceso de discovery, o exhibición de documentos, mientras el tribunal resuelve la apelación de fondo contra la sentencia que condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares.
La presentación, que realizó la Procuración del Tesoro, solicitó específicamente la paralización de la etapa de producción de documentos, del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026. La estrategia de los abogados argentinos es que esas instancias queden en suspenso hasta que se emita un fallo definitivo sobre la apelación principal.
Desde la Procuración del Tesoro explicaron los fundamentos del pedido y remarcaron la existencia de argumentos sólidos para revertir el fallo adverso. “En el escrito, la República sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens“, indicó el organismo en un comunicado.
“Perjuicio irreparable”
En la moción de emergencia, el país advirtió a la Justicia estadounidense sobre los daños que podría generar la continuidad del proceso. Según el escrito, “la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable» y además puede impactar en “la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras”.
Por otra parte, el Gobierno argentino se defendió de las acusaciones de los demandantes, quienes pidieron que el país sea declarado en desacato. “La Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso. Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas”, señalaron.
Este movimiento judicial se produce poco después de que, a finales de febrero, el propio gobierno de Estados Unidos respaldara a la Argentina en esta causa y pidiera que no la declaren en desacato. Además, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó participar en la audiencia del 16 de abril, que tratará la apelación de la orden de entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal.
Finalmente, la Procuración del Tesoro ratificó la postura del país en el litigio internacional. “La República Argentina continuará ejerciendo, en el ámbito interno e internacional, todas las acciones y recursos jurídicos previstos por el ordenamiento vigente para resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público”, concluyó el comunicado oficial.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
