La CGT presentó un amparo judicial para intentar frenar la reforma laboral aprobada en el Congreso

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°7 con el objetivo de frenar la aplicación de la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso. La central obrera sostiene que la normativa vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, y cuestiona cambios vinculados a la jornada laboral, las indemnizaciones y las sanciones a empleadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una presentación formal ante la Justicia para intentar frenar la aplicación de la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso de la Nación.

La cúpula de la central sindical presentó un amparo judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°7, que está a cargo del juez Enrique Lavie Pico. Se trata del mismo magistrado que en su momento había desarticulado el decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei a comienzos de 2024.

El planteo judicial fue firmado por el triunvirato que conduce la CGT y por los dirigentes de los distintos sindicatos que integran la central obrera.

La presentación se realizó luego de que el lunes pasado la CGT encabezara una movilización hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde además presentó un recurso judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral. La norma había recibido sanción definitiva el viernes último en el Senado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

En ese contexto, uno de los cosecretarios generales de la central sindical, Jorge Sola, explicó los motivos de la presentación judicial ante los medios de comunicación. “Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, sostuvo al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales.

Tras la presentación, la CGT difundió un comunicado en el que detalló los fundamentos del reclamo de inconstitucionalidad. Según la central obrera, la reforma laboral vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y también contraviene principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el Pacto de San José de Costa Rica, ambos con rango constitucional en la Argentina.

“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el documento difundido por la central sindical.

En el escrito judicial, la CGT argumenta que la nueva normativa vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que establece que los Estados no deben adoptar medidas injustificadas que impliquen un retroceso en derechos laborales ya adquiridos.

Asimismo, la central sostiene que también se viola el Principio Protectorio del derecho laboral, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restablecer la equivalencia entre las partes y evitar abusos sobre el trabajador.

Según el planteo presentado ante la Justicia, la reforma también afectaría derechos contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, entre ellos la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y el acceso a la seguridad social.

La CGT también cuestionó aspectos específicos incluidos en la nueva normativa. En particular, señaló que la ley habilitaría “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.

Además, la central sindical criticó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley”, así como la posibilidad de que las indemnizaciones por despido puedan abonarse en cuotas mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).