Tras obtener media sanción en el Senado, el oficialismo busca acelerar el debate en la Cámara de Diputados para reformar la Ley 26.639, conocida como la Ley de Glaciares. La iniciativa enfrenta la tensión entre sectores productivos y la comunidad científica y ambiental, ya que propone cambios que podrían redefinir qué se considera un glaciar y, por lo tanto, qué áreas deben protegerse, lo que abriría la puerta a actividades extractivas en zonas hasta ahora prohibidas.
El núcleo del conflicto radica en la modificación de conceptos técnicos con implicancias significativas. El proyecto impulsado por el Gobierno pretende limitar la protección únicamente a cuerpos de hielo de determinadas dimensiones que ya figuren en el Inventario Nacional de Glaciares. Sus defensores sostienen que la ley vigente, sancionada en 2010, es demasiado restrictiva y frena inversiones estratégicas en minería e hidrocarburos en la cordillera, por lo que consideran que la reforma brindaría la «seguridad jurídica» que las empresas necesitan para desarrollar proyectos en áreas de alta montaña. En ese sentido, la propuesta busca flexibilizar el artículo que prohíbe expresamente la actividad minera e industrial sobre estas zonas, un pilar central de la normativa original que había sido celebrada como un hito en la protección ambiental del país.
Frente a esta visión economicista, científicos del CONICET y organizaciones ambientalistas encendieron las alarmas. Advierten que la nueva definición dejaría desprotegidos a glaciares de roca y a los ambientes periglaciares, que aunque no se perciban como masas de hielo blanco, cumplen un papel crucial para los ecosistemas. Actúan como esponjas que regulan y liberan agua lentamente, alimentando las cuencas hídricas de las que dependen millones de personas y numerosas especies. En un contexto de cambio climático y sequías prolongadas, estos glaciares funcionan como reservas estratégicas de agua dulce, por lo que permitir la actividad extractiva en sus cercanías podría generar riesgos de contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas, comprometiendo tanto la calidad como la disponibilidad futura del recurso.
El debate en las comisiones de Recursos Naturales, Minería y Presupuesto refleja la multiplicidad de intereses enfrentados. Mientras el oficialismo y sus aliados buscan avanzar rápidamente con un dictamen, la oposición y bloques de izquierda denuncian un intento de «entrega de recursos estratégicos». Las audiencias han reunido diversas posturas: las cámaras mineras reclaman una ley que no obstaculice proyectos en áreas donde, según su criterio, no existen glaciares de importancia hídrica; los ambientalistas alertan sobre la pérdida irreversible de biodiversidad y la contaminación de fuentes de agua esenciales; y las asambleas ciudadanas se movilizan en varias provincias para defender la ley original y exigir la preservación del artículo que prohíbe la minería.
La urgencia del Gobierno por avanzar con su agenda de desregulación económica choca con la falta de consenso incluso entre sus propios aliados. El futuro de la Ley de Glaciares no se limita a una discusión legislativa, sino que define el modelo de desarrollo que Argentina pretende seguir y el valor que asigna a sus recursos naturales más preciados. El resultado de esta votación será observado atentamente por las comunidades que dependen de esas aguas y por organismos internacionales que monitorean el compromiso del país con la protección del medio ambiente.
