Opinión | Irán y el regreso de la fuerza al centro del poder mundial

La ofensiva de Estados Unidos e Israel frente a Irán no es un episodio más. Es la señal de que, cuando las sanciones no alcanzan, la fuerza vuelve al centro del poder mundial.

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La intervención de Estados Unidos junto a Israel frente a Irán no es sólo una noticia más de Medio Oriente. Tampoco es un episodio aislado. Es una señal de algo más profundo: cuando una potencia percibe que sus intereses estratégicos están en riesgo, el recurso militar vuelve a ocupar el centro de la política internacional.

Hace apenas unos días escribía que el mundo no estaba colapsando, sino cambiando de reglas. Que el mercado y las instituciones multilaterales ya no alcanzaban por sí solos para ordenar tensiones globales. Lo que hoy ocurre en torno a Irán parece confirmar ese proceso.

Pero antes de analizar qué está cambiando, hay algo que debe quedar claro.

No se trata de justificar al régimen iraní ni de minimizar el ataque brutal que sufrió Israel el 7 de octubre de 2023, cuando cientos de civiles fueron asesinados y decenas de personas tomadas como rehenes. Para Israel, ese día no fue un incidente más, sino un punto de quiebre. A partir de entonces, la amenaza dejó de ser una hipótesis distante y se convirtió en una experiencia directa.

Para Israel, Irán no es un rival pasajero. Lo considera desde hace años una amenaza real, tanto por su influencia en la región como por su programa nuclear. Desde esa perspectiva, permitir que esa amenaza se consolide implicaría asumir un riesgo que considera inaceptable. Por eso, la respuesta se presenta como una decisión de seguridad antes que como un gesto político.

Para Estados Unidos, el conflicto con Irán no empezó con los bombardeos. Durante años intentó contenerlo sin recurrir a la fuerza directa, utilizando sanciones económicas, restricciones al comercio de petróleo y presión sobre el sistema financiero internacional.

En ese marco, organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) —entidad intergubernamental que fija estándares globales contra el lavado de dinero— reforzaron las reglas contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, obligando a los países a endurecer controles financieros y aceptar evaluaciones bajo riesgo de sanciones. La estrategia era clara: usar el sistema económico global como herramienta de presión antes de escalar al plano militar.

La apuesta fue presionar desde la economía. Cuando esa presión deja de resultar eficaz, la respuesta cambia y el conflicto deja de administrarse desde el mercado y pasa al terreno militar.

No es un fenómeno nuevo. En 2003, la invasión de Irak liderada por Estados Unidos se justificó en nombre de la seguridad internacional y de la existencia de armas de destrucción masiva que finalmente no aparecieron. La operación provocó la caída de Saddam Hussein, pero también desarticuló el aparato estatal iraquí y alteró profundamente el equilibrio regional.

Hasta entonces, Irán e Irak habían sido adversarios históricos. Entre 1980 y 1988 libraron una guerra devastadora que dejó cientos de miles de muertos y consolidó una rivalidad estratégica. Sin embargo, tras la remoción del régimen de Saddam, el tablero cambió. El nuevo escenario político iraquí se apoyó en sectores chiitas —rama del islam mayoritaria en Irán y también en buena parte de Irak— y, con el tiempo, partidos y milicias con vínculos con Teherán ganaron peso dentro del país.

Al mismo tiempo, el vacío institucional generado por la disolución del Estado iraquí abrió espacio para organizaciones extremistas. De allí surgieron Al Qaeda en Irak y luego el llamado Estado Islámico (ISIS), que extendió la violencia hacia Siria y desestabilizó la región durante más de una década.

La intervención resolvió un problema inmediato, pero generó otros más complejos. No solo emergieron nuevos actores radicalizados, sino que Irán terminó ampliando su influencia en Irak, justamente el país cuya amenaza se buscaba neutralizar. Una acción pensada para estabilizar terminó reconfigurando todo el escenario regional.

Dos décadas después, una dinámica comparable se manifestó más cerca. En enero de 2026, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar directa en territorio venezolano que culminó con la detención de Nicolás Maduro bajo cargos de narcoterrorismo. El cambio de liderazgo fue inmediato. La estabilidad institucional, no. La transición no produjo una estabilización automática ni un orden político claro.

Tras la intervención, el foco del discurso se desplazó hacia el interior del país: el rumbo político y la estabilidad pasarían a depender de la dinámica venezolana. Si la transición prosperaba, se le atribuía al proceso interno; si no, a fracturas preexistentes. La acción externa quedaba en segundo plano.

Algo similar puede observarse ahora en el caso iraní. Tras los ataques conjuntos con Israel, el presidente Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno” cuando concluyan las operaciones militares. La lógica es comparable, esto es, se interviene para remover una amenaza percibida, pero el resultado posterior se presenta como responsabilidad interna.

Pero el conflicto no se explica únicamente por discursos y decisiones militares. También hay intereses materiales en juego.

Sería ingenuo pensar que los recursos estratégicos no forman parte del cálculo de poder de cualquier gran potencia. La energía, las rutas de comercio y la estabilidad de los mercados influyen en las decisiones.

En el caso de Irán, esa dimensión es particularmente evidente. Por el Estrecho de Ormuz —una franja marítima angosta entre Irán y Omán— transitan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día. Eso representa cerca del 20% del comercio marítimo mundial de crudo. No es un dato menor: convierte a Ormuz, junto con el Canal de Suez y el Canal de Panamá, en uno de los puntos logísticos más sensibles del sistema energético global.

Si esa vía se ve afectada por una escalada militar, las consecuencias no quedarían circunscriptas a la región. Impactarían en los precios internacionales del petróleo, en la seguridad energética de los países importadores y en la estabilidad económica global.

A esto se suma la presencia de China, principal comprador de petróleo iraní, y los vínculos militares entre Rusia e Irán. El conflicto, por lo tanto, no es exclusivamente bilateral. Se inserta en una competencia geopolítica más amplia, donde cada movimiento repercute más allá de Medio Oriente.

Mientras tanto, otros actores observan con cautela, midiendo costos y alineamientos, conscientes de que una escalada mayor podría obligarlos a tomar posición en un escenario que no controlan plenamente.

Lo que está cambiando además de este conflicto, es el modo en que se ejerce el poder en el sistema internacional. Durante décadas, el mercado, las sanciones y las reglas multilaterales funcionaron como primera línea de contención. Hoy, cuando esas herramientas se perciben como insuficientes, la fuerza vuelve a ocupar un lugar central.

Seguridad, energía, finanzas y geopolítica ya no operan en planos separados. Se combinan en una misma decisión estratégica. Y cada vez que la intervención directa reemplaza a la contención económica como instrumento principal, el equilibrio del sistema se redefine.

Entender este desplazamiento permite mirar el caso de Irán con mayor perspectiva. No se trata solo de un episodio más en Medio Oriente, sino de una señal sobre cómo se están resolviendo —y probablemente se resolverán— los conflictos en el orden mundial que emerge.