El Senado sancionó la reforma laboral, una ley considerada clave por el Gobierno nacional

Con 42 votos afirmativos, 28 en contra y dos abstenciones, el oficialismo convirtió en ley la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de las sesiones extraordinarias, en una jornada marcada por protestas y fuertes cruces políticos.

Luego de la aprobación del Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, el Gobierno nacional logró un nuevo avance legislativo en el Senado: la sanción definitiva de la reforma laboral, uno de los ejes más trabajados por el oficialismo durante las sesiones extraordinarias. La votación se produjo en la antesala del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y en un clima de alta tensión política y social, con el Congreso blindado por un amplio despliegue policial ante las movilizaciones en rechazo a la iniciativa.

El proyecto obtuvo 42 votos a favor, aportados por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y aliados provinciales del Gobierno, entre ellos representantes de Neuquén, Misiones, Tucumán y Salta. En contra se pronunciaron todos los bloques del peronismo, que reunieron 28 votos negativos, mientras que se registraron dos abstenciones del oficialismo de Santa Cruz. Estos últimos argumentaron que se oponen al contenido de la reforma, pero que la modalidad de votación los obligaba a expedirse sobre un dictamen en particular.

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Desde el oficialismo, los argumentos centrales apuntaron a la necesidad de una actualización del marco normativo laboral para generar mayor previsibilidad y “certeza jurídica” en la contratación de trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, la participación de los defensores del proyecto durante el debate fue acotada. El miembro informante fue prácticamente la única voz técnica, acompañado por dos senadoras del PRO —Huala y Cristina— que hicieron foco en la eliminación del artículo sobre la cuota sindical obligatoria, y por el cierre a cargo de Patricia Bullrich, quien sostuvo que la reforma apunta a romper con “un sistema en donde nadie contrata a nadie”.

La oposición justicialista concentró sus críticas en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificó como un “subsidio al despido” financiado por el Estado en beneficio de las empresas. También cuestionó la derogación de la ley de Teletrabajo sin un esquema alternativo y la eliminación de distintos estatutos laborales. “Este proyecto viene a romper todo el sistema de leyes laborales que equilibraban una desigualdad natural que existe en las relaciones laborales”, afirmó la senadora riojana Florencia López. En ese marco, varios legisladores anticiparon que la reglamentación de la ley será judicializada, en sintonía con la movilización que la CGT anunció para el próximo lunes frente a los tribunales.

Antes de que comenzara el debate, el peronismo intentó que la sesión se cayera y que el proyecto regresara a comisión, a partir de una moción de orden presentada por el senador porteño Mariano Recalde. El legislador vinculó la reforma laboral con la modificación de la ley de Glaciares aprobada en la misma jornada y advirtió que ambas podrían vulnerar el acuerdo Mercosur–Unión Europea, que en su artículo 18 inciso 2 obliga a los países firmantes a “garantizar niveles elevados y efectivos de protección medioambiental y laboral”.

La sesión también tuvo momentos de tensión interna dentro del oficialismo. Uno de ellos fue un nuevo cruce entre la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y la senadora libertaria Nadia Márquez, a quien se le llamó la atención por ingresar al recinto junto al diputado Guillermo Montenegro. Además, se produjeron confusiones en torno a la modalidad de votación final, ya que los senadores debían optar entre el dictamen aprobado el 12 de febrero y el texto actualizado. Finalmente, Villarruel condujo la definición hacia una votación en general del proyecto.

Reforma laboral: los cambios clave

La ley aprobada introduce una serie de modificaciones estructurales al régimen laboral vigente. Entre los principales puntos se destacan:

• Banco de horas: se reemplaza el pago de horas extras por un sistema de compensación que permite equilibrar jornadas extensas con otras más cortas o días de descanso. Se mantienen descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se crea un esquema financiado con aportes patronales destinados a cubrir indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar un 1% del salario (ampliable al 1,5%) y las pymes un 2,5% (hasta 3%). Si el fondo no alcanza, el empleador deberá cubrir la diferencia.
• Vacaciones: se habilita el fraccionamiento del período vacacional en tramos mínimos de siete días. Al menos cada tres años, los trabajadores deberán gozar de su receso en verano.
• Servicios esenciales: se amplía la lista e incluye telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, aeronáutica comercial, control de tráfico portuario, servicios aduaneros y migratorios, y educación en todos sus niveles, excepto el universitario. En estos sectores se deberá garantizar un funcionamiento mínimo del 75%.
• Promoción del blanqueo laboral: se establece un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para empleadores que contraten personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. Además, se abre una ventana de seis meses para regularizar trabajadores no registrados.
• Fin de la ultraactividad y de estatutos: se elimina el mecanismo que permitía que los convenios colectivos siguieran vigentes tras su vencimiento. También se dispone la eliminación de estatutos específicos, como el del periodista o el viajante de comercio, a partir del 1° de enero de 2027.
• Financiamiento del cine: desde el 1° de enero de 2028, el INCAA se financiará exclusivamente con partidas del Presupuesto Nacional, eliminando recursos automáticos como el porcentaje sobre las entradas de cine o los aportes del ENACOM.
• Trabajadores de plataformas: se regulan las condiciones de trabajo en plataformas digitales, estableciendo la obligatoriedad de un seguro de salud, cuya cobertura quedará sujeta a un “libre acuerdo” entre la empresa y el trabajador, sin que implique relación de dependencia.
• Asambleas laborales: las convocatorias no podrán afectar el normal funcionamiento de la empresa, deberán contar con autorización previa y no generarán pago de salarios durante el tiempo que duren.

Fuente: Ámbito

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