Tras un fallo adverso del máximo tribunal, el presidente de Estados Unidos redobló la apuesta con un gravamen generalizado. Advirtió que podría subirlo al 15% y amenazó a los países que intenten sacar provecho de la decisión judicial.
El gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar este martes un nuevo arancel del 10% a las importaciones, en una respuesta directa a la Corte Suprema que declaró ilegal buena parte de su política comercial anterior. La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, agudiza la tensión con sus principales socios y abre un nuevo frente de batalla en los tribunales.
La Casa Blanca justificó los derechos aduaneros para reducir “los grandes y graves déficits de la balanza de pagos” y detalló que tendrán una vigencia inicial de 150 días, aunque el Congreso podría extenderlos. Trump, sin embargo, ya anticipó durante el fin de semana que la tasa podría elevarse al 15% si lo considera necesario.
El gravamen no afecta a la mayoría de los productos de Canadá y México, socios en el acuerdo de libre comercio T-MEC, que está previsto para ser renegociado este año. No obstante, la importación de bienes sensibles como automóviles y acero sí podrá ser objeto de los nuevos aranceles, en línea con lo que autorizó la Corte en su fallo.
La decisión del alto tribunal, resuelta con una votación de 6 a 3, representó un duro golpe para la estrategia económica de Trump, ya que limitó la facultad presidencial para establecer gravámenes amparándose en razones de emergencia nacional. Desde abril del año pasado, el mandatario republicano había utilizado esa herramienta como principal instrumento de presión diplomática.
Lejos de ceder, Trump criticó duramente a la Corte el pasado 20 de febrero y acusó a algunos de sus magistrados de estar bajo la influencia de intereses extranjeros. En una conferencia de prensa, aseguró que el fallo lo deja “más poderoso” y que buscará alternativas legales para mantener su política proteccionista.
En sus redes sociales, el presidente lanzó una advertencia directa a la comunidad internacional. “Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco”.
La nueva normativa obligó al gobierno a modificar el decreto presidencial 14380, que imponía aranceles especiales a países exportadores de petróleo a Cuba. Ahora, la incertidumbre se centra en el destino de los 170.000 millones de dólares que la administración ya recaudó con los aranceles declarados ilegales. Empresas estadounidenses y varios estados gobernados por demócratas anunciaron que recurrirán a la justicia para reclamar indemnizaciones, un proceso que, según el propio Trump, podría extenderse durante años.
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