El Gobierno nacional analiza sanciones contra la AFA por el paro de los clubes durante el Torneo Apertura

Tras el anuncio del paro impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Gobierno nacional aseguró que detectó “mucho enojo” en la opinión pública por la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura y comenzó a evaluar una estrategia para fijar una posición contraria a la medida.

En la Casa Rosada se están realizando consultas técnicas con el objetivo de avanzar en una eventual medida administrativa contra la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la AFA. La resolución del paro se produjo en la antesala de las indagatorias judiciales del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, citados en una causa por presuntas irregularidades tributarias denunciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En Balcarce 50 se llevaron a cabo reuniones en las últimas horas para analizar el escenario. El debate interno se centra en cómo posicionarse frente a la conducción del fútbol argentino sin vulnerar los límites legales ni interferir directamente en el funcionamiento de la asociación, una restricción que también impone la FIFA. En ese marco, no se descartan presentaciones formales o pedidos de información vinculados al funcionamiento institucional de la AFA.

Desde el Ejecutivo también remarcan que continuarán avanzando por la vía judicial. La causa que tramita en el fuero penal económico investiga una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por montos que, según la denuncia, superan los 19.000 millones de pesos.

La discusión técnica gira en torno a las disposiciones del Régimen Penal Tributario. La Ley 27.430 establece penas de prisión para el agente de retención o percepción que no deposite, dentro de los 30 días corridos posteriores al vencimiento del plazo legal, los tributos retenidos, y contempla una figura equivalente para los recursos de la seguridad social.

En paralelo, la AFA difundió un comunicado en el que negó la existencia de una “deuda exigible” y sostuvo que el “pago voluntario” de las obligaciones cuestionadas se realizó “en forma previa a su vencimiento”. Además, indicó que el planteo se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara de Apelaciones. “ARCA pretende considerar que estas obligaciones se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario”, expresó la entidad.

Pese a la intención del Gobierno de avanzar con una ofensiva contra la AFA por el paro, dentro de la mesa política existen posturas más cautelosas. Algunos funcionarios prefieren evitar un pronunciamiento directo y sostienen que Claudio Tapia “perdió apoyo” en sectores del ecosistema del fútbol. En ese sentido, en Nación aseguran que en los últimos meses se registraron contactos informales con algunos jugadores de la Selección Argentina.

El trasfondo del conflicto también incluye la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un esquema que el Ejecutivo busca impulsar como alternativa al modelo actual de asociaciones civiles. En el oficialismo aclaran que no está previsto avanzar con esa iniciativa antes del Mundial de Fútbol de este año, aunque reconocen que el objetivo es promoverla durante el segundo trimestre.