El Superior Tribunal de Justicia ratificó la pena de tres años de prisión en suspenso contra Ricardo Prieto por el homicidio culposo de Nicolás Arévalo, intoxicado en 2011 en una chacra de Lavalle. El fallo sienta un precedente clave sobre la responsabilidad penal en el uso de plaguicidas.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso para un productor hortícola por la muerte de un niño y las lesiones que sufrió su prima, ambos expuestos a una fumigación con agrotóxicos en una chacra de la localidad de Lavalle. Con esta resolución, la sentencia dictada en 2020 contra Ricardo Nicolás Prieto quedó firme y agotó las instancias de apelación en la provincia.
El hecho ocurrió en marzo de 2011, cuando el productor utilizó de manera imprudente un plaguicida a base de alfaendosulfán en un campo de tomates. Según reconstruyó la investigación, el niño Nicolás Arévalo corría por la chacra y cayó al barro de una zanja, donde entró en contacto directo con el veneno. Su prima, Celeste Estévez, también resultó intoxicada al intentar ayudarlo.
Tras el incidente, los peritajes médicos determinaron que Nicolás desarrolló un edema agudo de pulmón, un cuadro compatible con la intoxicación por el compuesto químico que le provocó la muerte. Su prima, en tanto, padeció lesiones que la Justicia encuadró como culposas. Prieto fue hallado responsable por el homicidio culposo del niño y las lesiones de la menor en un juicio realizado por el Tribunal Penal de la Segunda Circunscripción de Goya.

La defensa del productor apeló el fallo, pero el máximo tribunal provincial rechazó el recurso y ratificó la condena. Los magistrados consideraron que las pruebas recolectadas, tanto ambientales como médicas, demostraron sin lugar a dudas la culpabilidad del acusado. En los fundamentos, remarcaron que “todos los elementos de prueba valorados han brindado el grado de certeza necesaria en la decisión del juzgador, para dictar una sentencia condenatoria”.
Para el tribunal, quedó acreditado que el hecho ocurrió tal como se investigó y que la responsabilidad del productor era indiscutible. La Justicia sostuvo que el productor fue negligente en la manipulación del agrotóxico, lo que generó la tragedia.
El caso se consolida como un antecedente emblemático en materia de delitos vinculados al uso de agroquímicos en Argentina. Organizaciones ambientales y familiares de víctimas reclaman desde hace años mayores controles sobre la aplicación de estos productos en zonas rurales y periurbanas. La ratificación de la condena reabre el debate sobre el impacto sanitario de las fumigaciones en las comunidades y la responsabilidad penal de quienes las llevan adelante sin respetar los protocolos.

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