La Justicia de Venezuela ordenó la excarcelación de 379 presos políticos luego de que el Parlamento aprobara una nueva ley de amnistía, impulsada por el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
El diputado oficialista Jorge Arreaza, quien lideró la comisión encargada de redactar la norma y supervisa su aplicación, informó que las 379 personas beneficiadas “deben ser excarceladas (…) entre la noche de hoy y la mañana de mañana (sábado)”. La medida comenzó a ejecutarse horas después de la promulgación formal de la ley.
En una alocución transmitida por la señal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez defendió la iniciativa y aseguró que se trata de “un paso en la construcción de una Venezuela más democrática, más justa, más libre”. También sostuvo que la amnistía representa un gesto político de reconciliación tras la crisis institucional que derivó en la captura de Maduro.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que la aplicación no será automática ni alcanzará a todos los detenidos. El director de Foro Penal, Alfredo Romero, remarcó que “La amnistía no es automática” y cuestionó que los beneficiarios deban tramitar solicitudes ante los tribunales, un aspecto que ya había generado controversia durante el debate parlamentario.
Antes de esta decisión, el gobierno había concedido libertad condicional a alrededor de 448 opositores. Aun así, según cifras de Foro Penal, cerca de 650 presos políticos permanecían detenidos antes del anuncio de las nuevas excarcelaciones.
Entre los familiares de los encarcelados también predomina la cautela. “Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares”, expresó Hiowanka Ávila, cuyo hermano fue detenido en 2018 acusado de participar en un supuesto intento de magnicidio con drones.
Desde el ámbito militar, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López calificó la ley como “un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación”, en un mensaje que distintos analistas interpretan como un respaldo clave de la Fuerza Armada, considerada uno de los pilares del proceso político venezolano.
Pese al carácter histórico que el oficialismo atribuye a la norma, especialistas como Ali Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, sostienen que “El balance de la ley es negativo” y advierten sobre “graves deficiencias estructurales” que podrían dejar a numerosos detenidos fuera del beneficio.
FUENTE: TN.
Familiares de presos políticos venezolanos inician huelga de hambre en Caracas para reclamar liberaciones
Liberaron a un dirigente opositor que estuvo más de ocho meses detenido en Venezuela
