El organismo implementará desde el 1° de junio un nuevo sistema de compra directa que promete ahorro anual de $5.000 millones, mayor control y mejora en la calidad del producto para los afiliados.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció que pondrá fin al esquema de intermediación en la provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) y que, a partir del 1° de junio, los pañales serán adquiridos mediante licitación pública.
Desde el organismo señalaron que el objetivo es eliminar un sistema que, según indicaron, funcionaba con escasa competencia y controles limitados. Con el nuevo mecanismo, estiman un ahorro anual cercano a los $5.000 millones, en el marco de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia administrativa y transparentar el proceso de compras.
Uno de los cambios centrales será la entrega directa en el domicilio del afiliado, lo que evitará traslados y filas en farmacias o centros de distribución. La modificación responde a un reclamo histórico de jubilados que debían retirar personalmente los productos.
Además, el PAMI informó que se revisaron las especificaciones técnicas del insumo por primera vez en una década. Según detallaron, se realizaron pruebas de calidad con la intervención de profesionales médicos y farmacéuticos para adecuar el producto a los estándares establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
En ese marco, se dejarán de entregar pañales rectos y se pasará a un modelo elastizado y anatómico, con mayor capacidad de absorción y confort para los beneficiarios.
El organismo también destacó que el nuevo sistema incorporará trazabilidad total, con controles que permitan verificar que la prestación llegue efectivamente a quien corresponde. Desde la entidad sostuvieron que el esquema anterior presentaba irregularidades, entre ellas la reventa de productos en plataformas digitales.
La medida se inscribe en el proceso de reorganización administrativa que impulsa el Gobierno nacional y apunta a reforzar el control del gasto público, mejorar la calidad de las prestaciones y garantizar que los recursos se destinen directamente a los afiliados.
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