Tras la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno, la Justicia ordenó desalojar a los trabajadores de FATE

Luego de que el Gobierno nacional dictara la conciliación obligatoria, la Justicia ordenó desalojar a los trabajadores de la planta de Fate, ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando. La medida se conoció en el marco de un conflicto de alto impacto, tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica fábrica de neumáticos y el despido de 920 empleados.

La empresa Fate comunicó este miércoles el cese total de actividades en su planta industrial, poniendo fin a más de ocho décadas de producción en la Argentina. La decisión se dio de manera abrupta: los trabajadores se enteraron del cierre al llegar a la fábrica y encontrarse con un cartel que informaba el fin de la actividad.

Según confirmaron fuentes gremiales, en el interior de la planta permanecieron trabajadores y al menos un delegado sindical, mientras se desarrollaban conversaciones informales en un clima de fuerte tensión e incertidumbre. El cierre paraliza una de las principales plantas del sector del neumático y abre un conflicto laboral de gran magnitud, tanto por la cantidad de despidos como por la forma en que fue comunicada la decisión.

Pasadas las 13, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días con el objetivo de encauzar el conflicto y abrir una instancia de negociación entre las partes.

Sin embargo, la tensión continuó escalando. Pese a la conciliación, los trabajadores se mantuvieron en el interior del establecimiento y la Justicia avanzó con una orden de desalojo de la planta. En las inmediaciones del predio se desplegaron efectivos de la Policía Bonaerense, mientras persistía el reclamo sindical.

De acuerdo con la resolución judicial, se dispuso el inmediato desalojo del inmueble y “su consecuente restitución a favor de sus titulares, sin que ello implique en modo alguno la restricción del derecho constitucionalmente reconocido de manifestarse de las personas que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta por fuera del inmueble”.

El fiscal Marcelo Fuenzalida fundamentó la urgencia de recuperar la planta, ubicada en Almirante Blanco Encalada 3003, tras corroborar testimonios y pruebas videográficas que darían cuenta de un ingreso con violencia ocurrido a las 6:30 de la mañana del 18 de febrero. El tribunal validó la evidencia reunida, que incluyó la rotura del alambrado perimetral, daños en los accesos, la ocupación de la terraza y la resistencia a abandonar el lugar, acciones atribuidas a al menos dieciséis personas.

El dictamen judicial también señaló que la empresa había anunciado días antes su decisión de cesar todas las actividades en la planta de San Fernando y que notificó a los empleados junto con el compromiso de abonar las indemnizaciones legales correspondientes. En ese contexto, y ante el paro de operaciones y la conflictividad latente, la compañía reforzó la seguridad privada para evitar daños o intrusiones, anticipando posibles enfrentamientos tanto con los trabajadores despedidos como con el gremio.

Desde el sindicato del neumático, el secretario general Alejandro Crespo cuestionó el operativo y la orden judicial. “Los trabajadores que somos parte de la fábrica estamos esperando que nos den una tarea. No hemos tenido contacto con una orden de desalojo que hayamos podido visibilizar. Sí han indicado de la policía si nos podíamos retirar”, afirmó.

El dirigente gremial advirtió además: “Yo creo que sería un hecho escandaloso que, ante una circunstancia tan grave como la que están viviendo los trabajadores, ahora venga la policía a no permitirnos tener el derecho mínimo de poder ejercer nuestro reclamo justo de volver a nuestros puestos de trabajo”.

Finalmente, Crespo sostuvo: “Si esa es la forma en que van a solucionar los problemas que hay en el país, van a tener que corrernos de la fábrica y después de las calles. Nos quedamos esperando la negociación pertinente que busque la solución que planteada de forma correcta”.

Sin embargo, Fate asegura que acató la conciliación obligatoria del Gobierno, pero no retomará las actividades. La compañía afirma que la planta seguirá cerrada pese a la medida oficial. Sostiene que no tiene insumos ni producción en marcha.

La fábrica permanecerá cerrada al menos durante los próximos días porque la actividad ya se encuentra paralizada. “Se dictó una conciliación obligatoria sobre una empresa cerrada. No hay insumos ni tareas para realizar”, explicaron desde la firma.