Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, para que se investigue un contrato por más de 114 millones de pesos entre la Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a obligaciones de transparencia.
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA) exigida por el Decreto 202/2017, en el contexto de una contratación de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
Según la constancia de presentación, la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara, junto con un escrito adjunto titulado “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”.
En el texto, los denunciantes solicitaron también que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria. Ambos abogados pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, definida en la presentación como “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada”.
La denuncia detalla que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE) el 19 de enero de 2026, mediante la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por un monto de $114.044.133, con opción de prórroga. El contrato tuvo como objeto la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de la Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
De acuerdo con el escrito, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, y que, a partir de esa situación, se activaron los procedimientos previstos en el artículo 4° del decreto correspondiente: comunicación a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), sugerencia de la firma de un Pacto de Integridad y publicación de las actuaciones en el sitio del ministerio.
No obstante, los denunciantes sostuvieron que, tras consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que al 15 de febrero de 2026 no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente a este caso. Según indicaron, esa presunta omisión habría afectado un requisito que consideran “clave” en materia de transparencia.
En el apartado “Derecho”, la denuncia encuadra los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en el artículo 248 del Código Penal, y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, contempladas en el artículo 265. Allí también se señala que el caso tomó dimensión pública tras ser difundido por distintos medios de comunicación, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, mencionada de manera expresa en la presentación.
El escrito incorpora además un antecedente: se afirma que durante 2024 habría estado vigente otro contrato entre “idénticos contratantes”, y se solicita verificar si correspondía realizar una actualización de la declaración jurada dentro de los plazos previstos por el decreto, y si esa eventual actualización fue publicada en el sitio web de la Oficina Anticorrupción.
La denuncia fue presentada luego de una investigación periodística de la Agencia Noticias Argentinas que reveló la adjudicación de $114.044.133 a la entidad dirigida por Rouillet y derivó en un cruce público. En ese contexto, el canciller Pablo Quirno negó la existencia de irregularidades, aseguró que la Cancillería contrata a la AACI “desde 2018” y afirmó que, ante la existencia de un vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con la intervención de la OA y la SIGEN.
Fuente: Noticias Argentinas
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
