El Gobierno nacional avanzará con el envío al Congreso de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de responder a los reclamos presupuestarios de las universidades públicas y, al mismo tiempo, asegurar previsibilidad fiscal, en un contexto de negociaciones con el sector y definiciones políticas que podrían darse durante las sesiones extraordinarias.
El Gobierno nacional impulsará el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Universitario con la intención de compensar el reclamo de mayor presupuesto que las casas de altos estudios vienen sosteniendo desde hace meses. La iniciativa ingresaría por decreto y se publicaría en el Boletín Oficial el próximo lunes, con la posibilidad de ser incorporada al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
La decisión se conoce pocos días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la normativa vigente, mediante la cual debe actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades. En ese marco, el Gobierno busca redefinir el esquema de financiamiento sin derogar la ley actual, sino modificándola a través de una nueva norma.
En los últimos días, funcionarios del presidente Javier Milei iniciaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una reforma del sistema de financiamiento de las universidades públicas. El objetivo oficial es garantizar la viabilidad fiscal del esquema y, a la vez, dar respuesta a reclamos históricos del sector universitario.
Según trascendió, la nueva ley apunta a equilibrar dos demandas centrales: por un lado, la previsibilidad fiscal que reclama el Gobierno y, por otro, las garantías jurídicas que solicitan las universidades. Para ello, el Ejecutivo considera clave construir los consensos políticos necesarios que permitan al Congreso aprobar una nueva norma que reemplace a la anterior.
La estrategia oficial contempla sumar el proyecto al temario de las sesiones extraordinarias mediante un decreto, pese a que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que este tipo de incorporación debe ser votada en el recinto. El decreto se firmaría en las próximas horas y se publicaría en el Boletín Oficial del lunes, junto con la formalización de la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
La jugada política del Gobierno se produce luego de una serie de avances legislativos recientes, entre ellos la aprobación de la reforma laboral en el Senado y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil, además del aval al acuerdo del Mercosur.
Con este movimiento, el Ejecutivo busca resolver dos frentes de manera simultánea: la discusión presupuestaria vinculada al financiamiento universitario y las controversias legales y judiciales abiertas en torno a la aplicación de la ley vigente, con el objetivo adicional de evitar eventuales sanciones penales.
En ese sentido, el Gobierno trabaja sobre la viabilidad técnica y política de la iniciativa. Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional para avanzar en la definición de los detalles del proyecto.
La Ley de Financiamiento Universitario actualmente en vigencia fue sancionada en 2024 y aprobada por ambas cámaras del Congreso. Aunque el presidente Javier Milei la vetó, el Parlamento finalmente la ratificó. Esa es la norma que el Gobierno ahora pretende reemplazar por un nuevo esquema legal, en busca de redefinir el vínculo financiero entre el Estado nacional y las universidades públicas.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
