La jueza de menores de Oberá, Adriana Zajaczkowski, rechazó la baja de la edad de imputabilidad, argumentando que los delitos graves en esa franja son mínimos. Destacó que el 99% de los casos se vinculan a consumos problemáticos y pidió priorizar la inclusión social sobre la pena.
Adriana Zajaczkowski – Radio República
La magistrada correccional y de menores de Oberá, Adriana Zajaczkowski, se pronunció sobre el debate nacional respecto a la modificación del régimen penal juvenil. Con una visión centrada en la protección integral, la jueza sostuvo que la respuesta a la delincuencia adolescente debe ser educativa y no meramente retributiva. Según explicó, la mayoría de los casos que ingresan a su juzgado involucran delitos contra la propiedad vinculados directamente a situaciones de consumo problemático y falta de proyectos de vida.
Zajaczkowski, remarcó que el sistema actual ya contempla mecanismos para abordar estas problemáticas, aunque reconoció que los recursos suelen ser insuficientes. En ese sentido, destacó la labor de los centros de asistencia y la articulación con los municipios para asistir a menores en situación de vulnerabilidad. Para la jueza, el foco debe estar puesto en la inclusión social y en la eliminación de las carencias que empujan a los jóvenes al conflicto con la ley, antes que en el endurecimiento de las penas.
Respecto a su postura sobre la reducción de la edad de imputabilidad, la magistrada manifestó: “El sistema penal juvenil debe ser en realidad pensado desde un carácter educativo. No está permitido, de acuerdo a la Convención y a de los Derechos del Niño y a las leyes de protección que se han dictado y así también otros tratados internacionales, que pensar al derecho penal juvenil en un aspecto retributivo de pena, sino más bien un sistema que tienda a la inclusión y no a la exclusión social de ese adolescente que ingresa en conflicto con la ley penal”.
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Asimismo, la doctora desmitificó la recurrencia de delitos graves cometidos por menores de entre 14 y 15 años. Al ser consultada sobre las estadísticas en su jurisdicción, aclaró: “De estas es un gran número de actuaciones que se hacen donde presuntamente habrían intervenido chicos que tienen 14, 15 años. Ahora, de esas actuaciones con delitos realmente graves no son un gran número. Podremos llegar a tener 2, 3, 4, como mucho al año, como para justificar modificar el sistema”.
Finalmente, Zajaczkowski enfatizó que la solución no reside en la sanción penal, sino en fortalecer las herramientas de protección estatal. En relación con el impacto de una posible reforma, la jueza aseveró: “Lo que nosotros vemos todos los días es una enorme situación de vulnerabilidad de esos chicos que llegan al conflicto con la ley penal. Entonces, me parece que atender a esas vulnerabilidades es lo realmente urgente, es lo que realmente cumpliría con el interés superior del niño consagrado en la Convención y que esa atención no debe ser vista como una respuesta penal en una cárcel”.
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