El juez del Tribunal Penal 2 de Posadas sostuvo que antes de fijar un límite etario “hay que definir qué queremos hacer con esos jóvenes” y planteó analizar cada caso en forma individual. También se pronunció sobre el uso de tecnología en cárceles y el impacto de los tiempos judiciales.
El juez del Tribunal Penal Nº 2 de Posadas, César Yaya, planteó que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad debe centrarse en las consecuencias que el sistema aplicará a los menores que cometen delitos y no únicamente en el número que fije la ley. “Nosotros tendríamos que preguntarnos qué queremos hacer con aquellas personas que son menores que cometen delito. ¿Lo vamos a sancionar y penar? ¿Dónde, cómo, de qué manera?”, afirmó en dialogo con Radio República.
Con 15 años en la magistratura —“yo estoy desde el 2010”—, el juez sostuvo que el derecho penal tiene como finalidad la aplicación de una pena y que, sin ella, “no tiene esencia”. En ese marco, señaló que la edad establecida por la ley es “un corte” que presume que a partir de determinado momento la persona comprende la criminalidad del acto.
“Después la edad 14, 12, 13 o 16, como está ahora, es un corte que hace la ley presumiendo que a partir de esa edad comprende la criminalidad del acto. Pero nosotros también podemos establecer que una persona de 10 o 12 años comprenda perfectamente lo que hizo”, indicó. Por eso, propuso “habilitar al aparato judicial para que cada caso concreto se analice si comprende o no la criminalidad del acto” y evaluar “las condiciones sociales en las que se desenvuelve ese menor”.
Yaya evitó pronunciarse en términos cerrados a favor o en contra de la baja de la edad penal. “Con esto no te digo que yo esté ni a favor ni en contra. Lo que digo es que algo deberíamos tener que hacer”, expresó, y recordó que el Código Penal vigente es de 1921 y que el régimen penal juvenil tiene más de cuatro décadas.
En relación con el debate público, diferenció la realidad de Misiones de la que atraviesan otras jurisdicciones. “Los problemas que tienen el conurbano no son los problemas que tiene Misiones. Ese grado de participación que tienen los menores en actividades ilícitas con mucha violencia no lo tenemos nosotros de manera habitual”, señaló.
No obstante, advirtió que para la víctima “la estadística es 100%” y consideró que la discusión debe contemplar herramientas para intervenir ante conductas reiteradas. También remarcó que hoy el mayor que utiliza a un menor para cometer delitos “tiene un agravante y lo sabe”, por lo que una eventual reforma no modificaría ese aspecto.
Consultado sobre si una baja de la edad podría tener efecto disuasivo, respondió: “Teóricamente una escala penal en abstracto que yo lo voy a sancionar aún siendo menor y que eso va a generar que no cometa delitos en el futuro es solamente la amenaza. Eso lo mediremos si ocurre”. Sin embargo, entendió que podría permitir la intervención penal en casos donde actualmente sólo actúa el fuero de familia.
En cuanto a la comparación con otros países, señaló que “desde luego que vale” analizar experiencias externas, aunque advirtió que cada problemática es particular. En ese sentido, mencionó que en algunos países europeos primero se avanzó en la punición y luego en restricciones al uso de redes sociales. “Tal vez nosotros deberíamos hacer al revés, restringir las redes para después sancionar a los menores, porque parte de lo que ocurre en las redes es lo que hacen después”, afirmó.
Respecto del destino de los menores eventualmente condenados, indicó que no pueden ser alojados en cárceles comunes por razones de seguridad y que se requieren establecimientos específicos. “Tenemos muy pocos institutos y los que están, están abarrotados”, reconoció, y agregó que se necesitan pautas objetivas para evitar que las decisiones queden libradas al criterio individual de cada juez.
El magistrado también vinculó la problemática con el consumo de drogas. “La adicción contamina todo lo que nosotros podamos hacer, ya sea antes, durante o después”, sostuvo, al describir trayectorias de jóvenes que crecen en contextos atravesados por conductas ilícitas.
En otro tramo de la entrevista, Yaya se refirió al uso de tecnología en unidades penales, tras el caso del soldado Rodrigo Gómez, quien fue extorsionado desde un establecimiento carcelario. “Yo no tengo ninguna duda” de que deben existir restricciones, dijo, y aclaró que en Misiones no es regla que los internos tengan teléfonos. “El que está condenado tiene una serie de restricciones que debemos hacer cumplir”, remarcó. Las autorizaciones, explicó, pueden otorgarse en conjunto entre el Servicio Penitenciario y el juez de ejecución en situaciones específicas, como estudio o comunicación familiar.
Sobre el funcionamiento del fuero penal en Posadas, señaló que el tiempo es una de las principales dificultades. “Si resolvemos muy pronto, seguramente va a caer la calidad de la resolución. A mayor tiempo que investigo, tal vez consiga mejor calidad, pero el tiempo conspira contra el acusado y la víctima”, describió. Como ejemplo, mencionó la dificultad de exigir precisión a testigos que declaran años después de los hechos.
En ese contexto, se manifestó a favor de profundizar la oralidad y avanzar hacia un sistema acusatorio más dinámico. “Los testimonios deben ser lo más rápido posible en audiencias orales. Es innecesario dejar constancia en un acta por escrito y después pedirle al testigo que reconozca su firma”, afirmó.
Finalmente, aportó un dato sobre la población condenada en la provincia: “Más del 50% de nuestros condenados son por casos de abuso. Eso es Misiones”. Indicó que la mayoría corresponde a hechos intrafamiliares y recordó que, a nivel mundial, “dos de cada diez chicos son abusados”.
“Durante mucho tiempo el sistema penal se olvidó de la víctima. Hoy no solamente debemos hacerla participar, sino escucharla y tener en cuenta qué necesita para restablecer esa paz social”, concluyó.
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