El juez Ariel Lijo quedó a cargo de la causa que investiga la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y debe decidir sobre el pedido de nulidad del caso

Tras un nuevo sorteo en la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo asumió la subrogancia del Juzgado Federal 11 y quedó a cargo de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un expediente de alto impacto político y judicial que podría dar un giro decisivo si prospera un planteo de nulidad impulsado por la defensa del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego del sorteo realizado por la Cámara Federal para cubrir la subrogancia del Juzgado Federal 11.

La causa había sido instruida hasta ahora por el juez Sebastián Casanello, quien en los últimos días procesó a 19 personas, entre ellas Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada con sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.

Caso ANDIS | Procesaron a Spagnuolo y a otros 18 acusados por fraude y sobornos en el sistema de discapacidad

En las últimas horas, Casanello solicitó ser excluido del sorteo para un nuevo período de subrogancia, lo que dejó como únicos candidatos a Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti. Por su parte, María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi también resolvieron apartarse del proceso de selección.

El cambio de juez se produce en un contexto de fuertes intentos de las defensas de los imputados para lograr la nulidad de la causa. Los abogados de Spagnuolo cuestionaron la validez de las pruebas iniciales, en particular una serie de audios atribuidos al exfuncionario, que habrían sido utilizados como base para sostener la acusación.

En ese marco, la Cámara Federal ordenó en las últimas horas que se analice un planteo presentado por Spagnuolo, que había sido rechazado previamente por Casanello. En dicho recurso, la defensa puso en duda la autenticidad de los audios, lo que abrió un nuevo capítulo procesal en el expediente.

La resolución fue firmada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, con la disidencia de Eduardo Farah, y cuestionó duramente al juzgado de primera instancia por incumplir una orden previa del tribunal. Según el fallo, Casanello descartó “in limine” el reclamo presentado por los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sin abrir el trámite correspondiente para su análisis.

La defensa de Spagnuolo sostuvo en reiteradas oportunidades que existen irregularidades en la génesis de la denuncia, al señalar que los audios presentarían fallas técnicas, como cortes, ausencia de metadatos y posibles manipulaciones mediante inteligencia artificial. En esa línea, invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, al argumentar que si la prueba inicial es inválida, toda la investigación posterior debería ser anulada.

Antes de apartarse del expediente, Casanello procesó a Spagnuolo y a otros 18 acusados por administración fraudulenta. En su resolución, el magistrado afirmó que existió un entramado de corrupción en la ANDIS, con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios en la adquisición de insumos y un sistema de retornos canalizado a través de droguerías proveedoras.

Entre los procesados figuran Daniel María Garbellini, exsubdirector del organismo, y los operadores Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como líderes de la presunta asociación ilícita. Además, el juez dispuso embargos millonarios y ordenó nuevas indagatorias para profundizar la investigación sobre las estructuras societarias involucradas.

Ariel Lijo hereda así un expediente con procesamientos firmes por un lado, pero con la obligación de examinar retroactivamente la validez del origen de la causa por el otro. Este escenario abre dos caminos posibles: un cierre anticipado del caso si se comprueban irregularidades en las pruebas iniciales, o un avance hacia la instancia de juicio si se ratifica la legalidad de la investigación.

Lijo es titular del Juzgado Federal 4 y había sido propuesto por el presidente Javier Milei como candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia, aunque su postulación no obtuvo el aval del Senado el año pasado. Ahora, deberá conducir una causa sensible que involucra al ex titular de la ANDIS y que, según los planteos defensivos, podría rozar responsabilidades políticas de máxima jerarquía, incluyendo al presidente y a su hermana, Karina Milei.

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