Poco después de que se difundieran los audios que terminaron con el procesamiento de Diego Spagnuolo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) protagonizó un escándalo en Misiones. Lo que comenzó como una serie de quejas por malos tratos en operativos de auditoría, terminó revelando un entramado de corrupción que rozó lo cinematográfico: una empresa tercerizada con domicilio en una obra en construcción, falsificación de la firma de un kédico y un grupo de «auditores» bonaerenses que actuaron con métodos más cercanos al choque que a la salud pública.
Los testimonios recogidos durante los operativos que el organismo nacional realizó en San Ignacio, 25 de Mayo y Oberá coincidieron en un punto: el personal que realizaba las auditorías no era de la zona ni pertenecía a cuerpos médicos estables. Se trataba de un grupo llegado directamente de la provincia de Buenos Aires, que desembarcó en Misiones con una actitud de confrontación.
Lejos de la empatía que requiere el trato con personas con discapacidad, estos agentes —custodiados por seguridad privada y, en ocasiones, con actitudes prepotentes— fueron protagonistas de incidentes que terminaron con detenciones policiales tras agredir a funcionarios locales y periodistas. El objetivo parecía claro: no evaluar la salud de los beneficiarios, sino hostigarlos para justificar la quita de pensiones.
El sello del escándalo: Un fraude de identidad
La irregularidad técnica más grave fue el uso sistemático de la identidad del Dr. Leandro Peñalosa. El médico, residente en Buenos Aires, confirmó que nunca pisó la tierra colorada durante esos operativos. Sin embargo, su firma y sello (robados o escaneados) aparecían en miles de actas de «asistencia».
Este fraude documental dejó a los beneficiarios en un limbo jurídico: tenían un papel firmado por un médico que no estaba presente, el cual era rechazado de inmediato por ANSES y otros organismos por carecer de validez legal. «Nos daban fotocopias truchas para que nos fuéramos a casa, pero cuando queríamos hacer un trámite, ese papel no servía para nada», denunció uno de los afectados en San Ignacio.
La cueva de Palermo
A medida que la investigación periodística y judicial avanzó, surgió el dato más revelador sobre la estructura de este operativo. La logística de las auditorías no era gestionada directamente por profesionales del Estado, sino por una empresa tercerizada contratada por la gestión nacional de ese entonces.
Al verificar el domicilio fiscal declarado por esta firma responsable de los operativos en Misiones, los investigadores se encontraron con una sorpresa: la dirección correspondía a una obra en construcción en el barrio porteño de Palermo. No había oficinas, ni personal administrativo, ni archivos médicos; solo cemento y ladrillos. Este hallazgo confirmó que se estaba ante una «empresa fantasma» utilizada para triangular fondos públicos y ejecutar el ajuste sobre los sectores más vulnerables de la provincia.
El «efecto Misiones» fue devastador para la cúpula de ANDIS. La presión del Gobierno Provincial, liderado por Hugo Passalacqua, y la contundencia de las pruebas presentadas por el Consejo Provincial de Discapacidad forzaron la interrupción de las auditorías del organismo nacional.
El escándalo no solo fue un fracaso administrativo, sino un símbolo de la crueldad burocrática: mientras los beneficiarios esperaban bajo el sol en restaurantes abandonados, la empresa encargada de “evaluarlos” ni siquiera tenía una oficina real donde recibir una carta documento.
A un año de aquellos hechos, la mayoría de las pensiones dadas de baja de forma irregular han sido restituidas gracias a los amparos judiciales. Sin embargo, el caso de la «Empresa de Palermo» y los sellos robados sigue su curso en la justicia federal.
Caso ANDIS | Procesaron a Spagnuolo y a otros 18 acusados por fraude y sobornos en el sistema de discapacidad
La Justicia rechazó devolverle a Spagnuolo el dinero incautado en la causa ANDIS
