En un contexto de profunda transformación normativa, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABBAPRA) manifestó este sábado su rechazo absoluto a que las billeteras virtuales sean habilitadas para el cobro de salarios, tal como lo contempla el proyecto de reforma laboral.
La entidad dirigió cartas formales a la senadora oficialista Patricia Bullrich y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando la eliminación inmediata del artículo 35 de la iniciativa.
Según el sector bancario, equiparar las Claves Virtuales Uniformes (CVU) con las Claves Bancarias Uniformes (CBU) es un error que omite las exigencias regulatorias y de supervisión que hoy solo recaen sobre las entidades financieras tradicionales.
El argumento central de los bancos reside en la falta de un marco de protección para el trabajador. ABBAPRA destacó que las cuentas bancarias gozan de un sistema de “triple protección” compuesto por el Seguro de Depósitos (SEDESA), el estatuto de pasivo privilegiado sobre los activos del banco y un régimen de resolución especial.
Estas salvaguardas permitieron que, en las últimas tres décadas, ningún asalariado sufriera pérdidas o demoras en la percepción de sus haberes. En contraste, advierten que los modelos de negocios de las fintech no cuentan con estas garantías de solvencia, lo que subordinaría la seguridad del salario a estructuras sin el debido sustento regulatorio.
Las consecuencias de aprobar este punto de la reforma no se limitarían a la seguridad individual. La asociación alertó sobre efectos adversos inmediatos en la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
Sostienen que se vería afectado el financiamiento de las pymes, los productores regionales, el comercio, la vivienda y el consumo local. Para los bancos, la legislación vigente que exige la acreditación en entidades financieras no es un atraso tecnológico, sino una decisión política deliberada para garantizar un estándar mínimo e indelegable de seguridad jurídica y financiera para los trabajadores.
Mientras los bancos presionan en el ámbito legislativo, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su movilización para el próximo 11 de febrero, fecha en que el Senado iniciará el tratamiento del proyecto.
El dirigente Cristian Jerónimo afirmó que la propuesta “no moderniza nada” y tendrá un impacto negativo especialmente en las pequeñas y medianas empresas. En este clima de incertidumbre, donde el 21% del gasto en comercio electrónico regional ya se procesa vía billeteras virtuales, el BCRA comenzó a flexibilizar los encajes bancarios, mientras las entidades ajustan estrategias ante una morosidad récord en tarjetas de crédito.
Finalmente, la preocupación por la seguridad bancaria no es solo regulatoria sino también física. Recientemente, se frustró lo que pudo ser el “robo del siglo” en la Ciudad Vieja, donde el Ministerio del Interior desarticuló a una organización criminal que cavaba un túnel clandestino hacia una entidad bancaria.
Este episodio refuerza la narrativa de los bancos sobre la complejidad y los costos de seguridad que asumen, en contraste con un sector fintech que, según su visión, pretende operar con los mismos beneficios pero sin las mismas responsabilidades.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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