El Gobierno nacional evalúa por estas horas si incorporará el acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso o si postergará su tratamiento para el inicio del período ordinario, en marzo. La definición aún no está tomada y se da en un contexto de intensas negociaciones legislativas por otras reformas consideradas prioritarias por el oficialismo.
Tras el anuncio de la Cancillería sobre la firma del tratado, las autoridades celebraron el cierre de una instancia clave del proceso, luego de que los equipos técnicos de ambos países concluyeran la revisión del texto final, que todavía no fue difundido públicamente. Sin embargo, para que el acuerdo entre en vigencia deberá ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, donde ya se discuten iniciativas sensibles impulsadas por el Poder Ejecutivo.
“Todavía no se definió si se va a enviar en extraordinarias, pero sí tiene que pasar por allá”, reconoció una fuente de la cúpula libertaria con conocimiento directo de las conversaciones. La incertidumbre responde a la sobrecarga de la agenda parlamentaria y a la necesidad del oficialismo de ordenar prioridades para garantizar los votos necesarios.
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Además del tratamiento legislativo del tratado en sí, el acuerdo comercial con Estados Unidos implicaría modificaciones en la normativa local. En algunos casos, el Gobierno podría avanzar mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una posibilidad que ya está siendo analizada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Desde esa cartera se trabaja desde hace tiempo en la eliminación de barreras burocráticas, uno de los compromisos asumidos por la administración de Javier Milei durante la negociación con Washington.
“Más allá del tratado en sí, se van a tener que mandar otros proyectos para adaptar las leyes actuales. Se van a tener que hacer las dos cosas”, anticipó uno de los funcionarios que participó del proceso y viajó a Estados Unidos para la firma del acuerdo.
Según el acuerdo marco difundido a mediados de noviembre por la Casa Blanca, la Argentina dejará de exigir formalidades consulares para las importaciones provenientes de Estados Unidos y avanzará en la eliminación gradual del impuesto estadístico para bienes de ese origen. También se prevé la adopción de normas internacionales en sectores estratégicos, lo que permitiría, por ejemplo, que medicamentos aprobados por la FDA o vehículos fabricados bajo Normas Federales de Seguridad estadounidenses ingresen al país sin nuevos controles por parte de organismos locales.
El entendimiento incluye, además, el compromiso de reforzar los controles sobre productos apócrifos y pirateados, incluso en el ámbito digital, y de modernizar el régimen de propiedad intelectual. Otro punto central es la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, una medida que necesariamente deberá contar con aval parlamentario, ya que la Constitución establece en su artículo 75 que es facultad del Congreso legislar en materia aduanera y regular el comercio con naciones extranjeras.
La decisión sobre si el acuerdo comercial se incorpora al temario de extraordinarias quedará en manos de la mesa política libertaria, encargada de diseñar la estrategia legislativa del oficialismo. Este espacio volverá a reunirse la próxima semana en la Casa Rosada y está integrado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
En paralelo, la Oficina del Presidente ratificó mediante un comunicado que el acuerdo será enviado al Congreso y sostuvo que Javier Milei “confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”. El texto oficial insistió en que la Argentina atraviesa “una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico”.
Hasta hace pocos días, la mesa política estaba enfocada casi exclusivamente en garantizar los votos para las reformas ya enviadas al Parlamento y que el Gobierno busca aprobar antes del cierre de febrero. El próximo miércoles, el Senado tratará la reforma laboral, cuyo punto más conflictivo es el capítulo fiscal, en particular la reducción de las alícuotas del impuesto a las Ganancias, cuestionada por algunos gobernadores por su impacto en la recaudación provincial.
Al día siguiente, la Cámara de Diputados debatirá el nuevo régimen penal juvenil, que propone, entre otros cambios, bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y que, según el oficialismo, contaría con los respaldos necesarios para su sanción. En la agenda legislativa también permanecen pendientes el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la ley de glaciares, iniciativas que por el momento no tienen fecha definida para su tratamiento.
Fuente: Infobae
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
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