La iniciativa propone reemplazar el actual impuesto automotor por una tasa de circulación vinculada al uso efectivo de la infraestructura vial, con el objetivo de reducir distorsiones y lograr mayor equidad entre contribuyentes.
En medio de las quejas por los aumentos en las patentes en distintas jurisdicciones, comenzó a tomar fuerza un proyecto que propone modificar de fondo el sistema de cobro del impuesto automotor en Argentina.
La iniciativa plantea dejar atrás el criterio patrimonial, que fija el monto según el valor de mercado del vehículo, y avanzar hacia un esquema que tenga en cuenta el uso real de calles, avenidas y rutas.
Según los impulsores, aunque jurídicamente la patente debería funcionar como una tasa por circulación, en la práctica se convirtió en un impuesto al patrimonio, lo que genera diferencias marcadas entre contribuyentes.
De esta manera, vehículos que circulan en condiciones similares pueden pagar cifras muy distintas solo por su precio comercial, algo que —según el planteo— rompe la lógica del servicio que se financia, como mantenimiento vial, señalización y control del tránsito.
El proyecto fue elaborado por el abogado Jorge Monastersky y ganó visibilidad a partir del debate público sobre el fuerte incremento del tributo en varias provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta establece un monto anual base para los vehículos de menor porte equivalente al valor de 100 litros de nafta súper, cifra que hoy rondaría los 130 mil pesos, como punto de partida del nuevo esquema.
A partir de allí, se aplicaría una escala proporcional según peso, categoría y cantidad de ejes, bajo el criterio de que los vehículos que más desgaste generan sobre la infraestructura vial deberían aportar más.
Este modelo buscaría desligar el pago del valor comercial del rodado y vincularlo con un parámetro físico y medible, lo que, según sus promotores, aportaría mayor transparencia y previsibilidad.
La iniciativa toma como referencia experiencias internacionales, como la del estado de Florida (Estados Unidos), donde la tasa de circulación es uniforme y no depende del precio del vehículo.
Otro de los puntos centrales es la prohibición de la doble imposición, estableciendo que solo la jurisdicción donde esté radicado el vehículo pueda cobrar la tasa correspondiente.
El texto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al nuevo esquema y adaptar su normativa, ya que el impuesto automotor es de competencia local.
Desde el entorno del impulsor remarcan que la intención no es eliminar la patente ni reducir recursos, sino ordenar un sistema que hoy es cuestionado por su carga y falta de equidad, y alinearlo con el uso efectivo de la infraestructura vial.
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