El Informe Público Anual 2025 advierte un aumento sostenido de personas privadas de la libertad en la provincia. La presidenta del organismo, Constanza Yudar, detalló el alcance de las inspecciones, los reclamos más frecuentes y el impacto de las prisiones preventivas prolongadas.
Misiones registra un crecimiento sostenido de personas privadas de la libertad y un sistema de alojamiento que opera al límite, en sintonía con el récord histórico de encarcelamiento que atravesó la Argentina durante 2024 y que se prolonga en 2025. Así lo expone el Informe Público Anual 2025 de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, organismo provincial que releva de manera permanente las condiciones de detención en penales, comisarías y otros espacios de encierro.

Según precisó, el trabajo central consiste en “recorrer todos los contextos de encierro de la provincia, desde comisarías y penales hasta hogares de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores”.
El informe confirma que, al cierre del período relevado, Misiones contaba con 1.820 personas alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial. De ese total, 1.097 tenían condena firme y 612 permanecían imputadas, es decir, privadas de la libertad sin sentencia definitiva. Dentro de ese grupo, se identificaron 217 personas con más de dos años de prisión preventiva, un plazo que la normativa nacional fija como límite razonable.
“Hoy uno de los principales reclamos es saber cómo está la causa”, señaló Yudar, al describir las consultas que reciben durante las visitas. Si bien aclaró que la Comisión no interviene en los expedientes judiciales, indicó que cumple un rol de articulación cuando detecta demoras: “Si una persona hace un año que no habla con su defensor, hacemos una nota al juzgado. Somos un nexo”.

La presión no se concentra únicamente en los penales. El relevamiento anual detectó un aumento de personas alojadas en dependencias policiales con celdas, que pasaron de 1.002 en diciembre de 2024 a 1.140 en noviembre de 2025, un incremento cercano al 14%. “La policía no está preparada para alojar personas por meses. Las comisarías son para contravenciones, de 24 a 72 horas”, advirtió Yudar, al explicar que la acumulación de detenidos genera un “efecto embudo”, especialmente los fines de semana.
En ese contexto, la Comisión también recibe denuncias por presuntos malos tratos. Yudar detalló que, ante un señalamiento contra personal policial o penitenciario, se actúa con registros precisos de día, horario y guardia. “Tenemos entrevistas privadas y ofrecemos la posibilidad de denunciar de forma anónima”, afirmó. En esos casos, la comunicación se eleva a la jefatura correspondiente. “El maltrato va desde el verbal hasta el físico, y cuando es una conducta repetida, se detecta”, sostuvo.
El informe provincial se inscribe en un escenario nacional crítico. Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Argentina cerró 2024 con 121.443 personas privadas de la libertad, una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta registrada, con un sistema que funciona en promedio al 130% de su capacidad. Si bien Misiones no encabeza ese ranking, aparece entre las jurisdicciones con una curva ascendente y una proporción relevante de detenciones sin condena.
Consultada sobre la discusión en torno al endurecimiento penal y la baja de la edad de imputabilidad, Yudar sostuvo que la provincia tomó un camino distinto. “Misiones viene trabajando hace años. Se crearon los CEMOAS para menores de 16, se aborda el consumo problemático y el contexto familiar. No es un problema nuevo para nosotros, ya se trabajó y se buscó una herramienta”, afirmó.

La titular de la Comisión remarcó que el objetivo no es intervenir en las condenas sino garantizar condiciones básicas durante el encierro. “Son personas y van a volver a convivir en sociedad. Si no existiera la comisión, habría más enfermedades y más conflictos”, concluyó.
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