La ministra de Seguridad afirmó que la Argentina quedó rezagada frente a otros países y sostuvo que la ley vigente responde a una realidad superada. El Gobierno busca avanzar con el tratamiento del proyecto durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
El Gobierno nacional volvió a impulsar con fuerza la baja de la edad de imputabilidad y endureció su postura en la antesala del debate legislativo sobre el Régimen Penal Juvenil, que comenzará durante las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso. En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la edad mínima debería fijarse incluso por debajo de lo contemplado en el proyecto oficial y planteó que el piso etario debería ubicarse en los 12 años.
“La baja de la edad de imputabilidad es clave. Ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”, afirmó la funcionaria en declaraciones radiales. Según explicó, la discusión actual ya no pasa por si debe modificarse el régimen, sino por definir si el nuevo umbral se fija en 12 o 13 años, en línea con lo que ocurre en otros países.
Monteoliva argumentó que la Argentina quedó desfasada respecto de las tendencias internacionales y que la normativa vigente, sancionada en 1980, responde a un contexto que ya no existe. “Tenemos una ley de hace más de cuatro décadas, mientras que las organizaciones criminales cambiaron. Hoy reclutan chicos y la evidencia muestra que esas estructuras han mutado”, sostuvo.
La ministra celebró además que el proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil haya sido incorporado al temario de las sesiones extraordinarias. “Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido. Ojalá que podamos lograr esa reducción en la edad de imputabilidad”, señaló, dejando en claro la voluntad del Poder Ejecutivo de acelerar su tratamiento parlamentario.
En la misma línea se expresó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien ya había defendido públicamente la iniciativa oficial. “El régimen actual es malísimo. Es injusto para la víctima, que es lo más importante, y también para el menor, que vuelve a la calle. Hay que cambiarlo”, afirmó.
Cúneo Libarona remarcó que “el joven de 1980 no es el joven de 2026” y advirtió sobre el impacto de la violencia y el consumo de drogas en los delitos cometidos por menores. A su juicio, existe “mucha criminalidad de menores, mucho delito y mucha impunidad”, una situación que el sistema actual no logra revertir.
El ministro aseguró que el proyecto fue revisado junto a jueces y fiscales y que apunta a terminar con la impunidad sin desconocer la especificidad del sistema penal juvenil. “Comete delitos de mayores, penas de menores. El sistema tiene que dar justicia”, señaló, y citó casos recientes de hechos graves protagonizados por adolescentes de entre 12 y 15 años.
Con estas definiciones, el Gobierno busca instalar el debate con un tono firme y anticipa una discusión intensa, atravesada por fuertes resistencias políticas y sociales. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad quedó así formalmente abierta en el Congreso.
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