En Casa Rosada rechazaron avanzar con una acción antidumping, pese a los planteos del Grupo Techint, luego de que la empresa india Welspun ganara la licitación para proveer los tubos del proyecto de exportación de GNL. El Ejecutivo defendió la apertura y priorizó el menor costo de la obra.
La adjudicación de la provisión de caños para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la provincia de Río Negro reavivó el debate sobre la política industrial y la apertura de importaciones. El Gobierno nacional descartó avanzar con una medida antidumping, luego de que la empresa india Welspun se impusiera en la licitación frente al Grupo Techint, histórico proveedor local de este tipo de insumos.
Desde la Casa Rosada fueron categóricos ante las versiones de una posible denuncia por competencia desleal. “No vamos a pagar más caros los caños”, señalaron fuentes oficiales, al ser consultadas sobre la posibilidad de intervenir tras el resultado del proceso licitatorio. La definición marca la postura del Ejecutivo, que prioriza el menor costo de la obra en el marco del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).
Welspun fue adjudicataria del contrato para suministrar los tubos del gasoducto impulsado por Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, YPF, la noruega Golar y la británica Harbour Energy. La compañía india presentó una oferta de USD 203 millones para cubrir 480 kilómetros de ducto, un valor que resultó un 25% inferior al presentado por Tenaris, la firma del Grupo Techint, y hasta un 40% menor respecto de su propuesta inicial.
Tras conocerse el resultado, desde el entorno de Techint deslizaron la posibilidad de evaluar una acusación formal de dumping, al considerar que la diferencia de precios podría responder a prácticas de competencia desleal y afectar a largo plazo a la industria nacional. También señalaron que el esquema impositivo argentino, con cargas nacionales, provinciales y municipales, limita la competitividad frente a productos importados.
Sin embargo, en el Gobierno aclararon que, hasta el momento, no existe ninguna presentación formal ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), organismo que depende de la Secretaría de Industria y Comercio. Según la normativa vigente, la existencia de dumping no se define únicamente por el precio de exportación, sino que requiere demostrar un daño concreto a la producción nacional y un vínculo causal entre ese perjuicio y las importaciones cuestionadas.
El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldaron públicamente el resultado de la licitación. Sturzenegger sostuvo que adjudicar la obra a una oferta más cara “es indefendible”, al advertir que mayores costos en los insumos reducen la rentabilidad del proyecto, desalientan inversiones y terminan impactando en el empleo y en el precio de la energía.
“El mayor costo lo hubiéramos pagado con energía más cara para miles de empresas y consumidores”, planteó el funcionario, al tiempo que defendió la apertura económica como un factor que mejora la competitividad sistémica. También cuestionó la posibilidad de otorgar derechos de preferencia en las licitaciones, al advertir que eso podría reducir la competencia y elevar los costos a futuro.
El debate se da en un contexto de tensión entre el Gobierno y sectores industriales, que advierten sobre el impacto de la competencia externa, en particular de productos provenientes de Asia. Desde Techint señalaron que los caños adjudicados a la empresa india se fabricarían con chapas de origen chino, un punto que vuelve a poner en discusión el rol del Estado frente a la protección de la producción local.
Por ahora, la postura oficial es clara: no habrá intervención para revertir la adjudicación ni medidas antidumping en el corto plazo. El Ejecutivo sostiene que la prioridad es reducir costos, fomentar la competencia y avanzar con proyectos estratégicos para el desarrollo energético y exportador del país.
