El Ejecutivo decidió incluir la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias tras una serie de hechos delictivos protagonizados por menores que reavivaron el debate público y político.
El Gobierno nacional resolvió impulsar el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad penal e incluir el proyecto de ley correspondiente en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, luego de una serie de casos resonantes que involucraron a menores de edad y que, según el oficialismo, evidencian falencias del sistema actual.
De acuerdo a lo planteado desde el Ejecutivo, fueron tres episodios concretos los que terminaron de acelerar la decisión política. Se trata de hechos graves ocurridos en distintos puntos del país, protagonizados por adolescentes, que tuvieron amplia repercusión mediática y generaron reclamos sociales vinculados a la inseguridad y a la respuesta del Estado.
Desde el Gobierno sostienen que estos casos expusieron limitaciones del régimen penal juvenil vigente, especialmente en situaciones de delitos graves, y remarcan la necesidad de contar con un marco normativo que contemple responsabilidad penal, sanciones diferenciadas y mecanismos de reinserción, sin equiparar a los menores con el régimen de adultos.
La iniciativa vuelve a poner en el centro de la escena un debate histórico y sensible, que divide posiciones políticas, judiciales y sociales. Mientras el oficialismo argumenta que se trata de una herramienta necesaria para dar respuesta a determinados delitos, otros sectores advierten sobre el riesgo de avanzar hacia una lógica punitiva, sin reforzar previamente las políticas de inclusión, educación y contención social.
El proyecto será analizado durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno del presidente Javier Milei, aunque su tratamiento legislativo dependerá de los consensos que puedan construirse en ambas cámaras del Congreso de la Nación.
La discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda política nacional, en un contexto marcado por la preocupación social en materia de seguridad y por posiciones claramente contrapuestas dentro del arco político.
El Gobierno incluyó el proyecto de ley penal juvenil en el temario de sesiones extraordinarias
