El juez federal Luis Armella analiza una operatoria que habría involucrado a al menos 17 instituciones del fútbol argentino, con financiamiento a tasas elevadas y pagos mediante derechos de TV. La causa apunta a Ariel Vallejo y pone bajo la lupa el rol de la AFA en la recomendación del esquema.
La Justicia federal avanzó en las últimas semanas sobre una compleja investigación que vincula a la financiera Sur Finanzas con al menos 17 clubes del fútbol argentino, bajo la sospecha de haber otorgado préstamos con tasas consideradas “usurarias” y de haber recibido, como contraprestación, derechos de televisación. Según consta en el expediente, este esquema se habría llevado adelante con aval, permiso e incluso recomendación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La causa está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario con fuertes vínculos con el negocio del fútbol y señalado en la investigación como financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El foco central del expediente es el vínculo financiero entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas que, de acuerdo con la documentación judicial, habrían recibido asistencia económica a cambio de intereses elevados.
Tal vez te interese leer: La AFA estiraría el cierre del mercado de pases y habría amnistías parciales en el fútbol argentino
Uno de los casos más relevantes que analiza la Justicia involucra a San Lorenzo de Almagro. Los investigadores detectaron envíos de dinero al club con tasas que calificaron como “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, la institución no habría podido cumplir con los plazos de devolución pactados y, como consecuencia, terminó cediendo derechos de televisación. En ese contexto, el expediente incorpora una afirmación considerada clave por los investigadores: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según surge de la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.
En línea con esa hipótesis, la investigación logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos correspondientes a los derechos televisivos del club en Neblockchain, una plataforma que, según la Justicia, en rigor corresponde a Sur Finanzas. Este mecanismo de pago solo puede concretarse si la institución deportiva envía una nota formal solicitando que los fondos sean derivados de ese modo.
La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club. Los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre las que figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La respuesta del entorno de Ariel Vallejo no tardó en llegar. En diálogo con TN, fuentes cercanas al empresario aseguraron que la tasa aplicada al préstamo otorgado a San Lorenzo fue del 50% y sostuvieron que se trató de un porcentaje “menor al que se cobraba en el mercado”. Además, relativizaron los montos que circulan en la causa. “Es el único club al que le prestó. San Lorenzo le debe $300 millones, no $1.900 millones como se dijo. Los $1.900 millones es todo lo que fue prestando”, afirmaron.
En paralelo, la investigación judicial también avanzó sobre una operatoria específica que involucra a Banfield. La Justicia analiza documentación que indicaría que el club transfirió al futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo de Brasil mediante criptomonedas, una modalidad que podría dificultar la trazabilidad de los fondos. En ese tramo del expediente se investiga, en particular, la presunta falta de declaración de esa operación en la Argentina.
En los últimos días, la causa sumó una medida considerada clave. A pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, el juez Armella ordenó un análisis exhaustivo del contenido de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos. En total, el expediente incorpora cerca de 40 dispositivos, aunque en esta primera etapa el peritaje se concentrará en 14 considerados prioritarios, entre ellos los de Ariel Vallejo y su madre, Graciela Vallejo, quien figura formalmente como presidenta de Sur Finanzas. El objetivo es reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles nexos que permitan esclarecer el funcionamiento de la empresa investigada y determinar si existieron maniobras de lavado de activos.
El alcance de la investigación excede al ámbito estrictamente deportivo. En una causa paralela, ahora en manos del juez federal Sebastián Villena, se puso bajo la lupa a un grupo de monotributistas que, según informes de la DGI, no tendrían capacidad económica real pero habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas. Estos contribuyentes fueron calificados como “apócrifos”, ya que sus declaraciones no guardan relación con los montos operados.
De acuerdo con la investigación, los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales, millones en efectivo y operaciones asociadas directamente a la financiera investigada. En ese marco, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno, además de notificar al Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores, con el objetivo de detectar activos y evitar posibles maniobras de vaciamiento.
Fuente: TN
👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés.
Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
La AFA estiraría el cierre del mercado de pases y habría amnistías parciales en el fútbol argentino
El Gobierno se suma como querellante en la causa contra la AFA por una millonaria retención de aportes
Una compra millonaria de tests de COVID reaviva la investigación sobre una firma vinculada a la AFA
